El presidente sabe, y muy bien, que un aumento en los precios de los energéticos es veneno puro para la popularidad de cualquier gobierno. Capitalizó como nadie el gasolinazo de Peña y ahora no va a dejar que le pase lo mismo con el Gas LP.
El martes, la Secretaría de Energía envió a la Comisión Reguladora de Energía una directriz de emergencia para “establecer las bases para la atención de emergencia de un problema social y de seguridad nacional que surge por el daño que se ocasiona día con día al consumidor de gas LP derivado de las ventajas excesivas e injustificadas a partir de la liberalización del precio del gas licuado de petróleo”. Esta directriz busca utilizar el mecanismo de declaratoria de emergencia para que el gobierno fije el precio de Gas LP.
Independientemente de las virtudes o defectos de la regulación de precios, todo esto es ilegal. Si la CRE sigue la directriz de la SENER sería contrario al artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica que señala explícitamente que para regular precios se necesita declaratoria previa de Cofece que establezca que no existen condiciones de competencia efectiva. Esto aún no ha sucedido, por lo que una vez más este gobierno se expone a una avalancha de amparos. Siempre se puede regular a través de leyes que vengan del legislativo, pero hoy ese no es el caso. En efecto el mercado del Gas LP debe ser regulado, algunos distribuidores han aprovechado la situación para inflar sus márgenes. Pero para eso existen formas y debidos procesos
Más allá de la ilegalidad de esta acción, que el gobierno fije precios es casi siempre una muy mala idea. Regular al mercado es una de sus funciones básicas, y en este caso probablemente es necesario. Pero tener una política de control de precios generalizada que ignora los procesos de los reguladores competentes para regular mercados suele llevar a limitantes de oferta de productos. Y en escenarios extremos a escasez y las filas “heroicas”. Esto no es decir que el Estado no debe intervenir en mercados poco competitivos o asegurar el acceso a bienes cruciales como es el Gas LP. Pero en el corto plazo eso se puede hacer a través de subsidios focalizados, y en el mediano plazo garantizando que exista competencia efectiva.
Pero, lo más preocupante de todo este asunto es el precedente. La directriz de la SENER hace referencia a la Seguridad Nacional como fundamento justificando que “impacta gravemente el bienestar de las familias mexicanas”. Esta declaratoria permite exentar el requerimiento de la Manifestación de Impacto Regulatorio que emite la Comisión de Mejora Regulatoria que ya dio su autorización.
Hoy el presidente, por buenas o malas razones, puso el ojo en el Gas LP. Pero hacia adelante puede ser cualquier otra cosa. El día de mañana, este u otro presidente, tendrá este precedente para intervenir en mercados de forma arbitraria como la gasolina, a los alimentos o los medicamentos. Como bien sabemos, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones.
POR JORGE ANDRÉS CASTAÑEDA
COLABORADOR
@JORGEACAS
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