El gobierno de Enrique Peña Nieto y las administraciones estatales que utilizaron el programa Pegasus para espiar a periodistas y políticos no sólo cometieron un delito, sino que fueron burdamente estafados por la empresa que se los vendió a precios millonarios. La sociedad debe pedirle a las autoridades la investigación y sanción a las personas que ordenaron o ejecutaron el espionaje y a la firma, el regreso de por lo menos los 32 millones de dólares que el gobierno de Peña Nieto pagó.
Pegasus es un fraude, es una versión sofisticada y cara, de los software que los amantes celosos bajan de internet para saber si sus parejas les ponen los cuernos. El que busca encuentra. Sirve muy poco para la inteligencia o para la seguridad nacional. Una rápida revisión de los países que lo compraron pone en evidencia que fueron gobiernos con instituciones débiles y políticos corruptos los incautos.
Pegasus no sirve. Si alguna utilidad tuviera, el gobierno de Peña Nieto habría resuelto la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o evitado los hechos de corrupción en su gobierno. No sirve, porque a ninguno de los periodistas o políticos espiados les encontraron algo para callarlos o pararlos, tanto que López Obrador es Presidente.
México necesita una verdadera inteligencia con visión de Estado. Nunca la ha tenido y como vamos, parece que nunca la tendrá. Con una adecuada inteligencia, el gobierno se habría dado cuenta que las manifestaciones estudiantiles de 1968 y 1971 no representaban ninguna amenaza al país; que la guerra sucia de los años 70 y la exterminación de la guerrilla eran innecesarias.
Con inteligencia, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el error de diciembre se habrían evitado. La inteligencia ha estado al servicio del poder, no de la sociedad. Fernando Gutiérrez Barrios creó una red de información que sólo le servía a él. La Dirección Federal de Seguridad terminó siendo un nido de delincuentes, asesinos y torturadores.
En el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna fue parte de la organización criminal de El Chapo Guzmán. El CISEN nunca cumplió cabalmente con sus funciones y el Centro Nacional de Inteligencia es intrascendente. Los esfuerzos de la Marina, el Ejército o de la Unidad de Inteligencia Financiera no bastan.
El presidente López Obrador no espía a opositores o periodistas, lo cual es correcto. El problema es que carece de inteligencia que lo apoye de manera eficiente en las tareas de seguridad nacional, combate a la delincuencia e infiltración del narcotráfico.
Preocupa que en verdad sus fuentes de información sean únicamente meseros, taxistas, internet, gente del pueblo que se acerca a él en sus giras o voces interesadas que le hablan al oído. No se olvide: el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y el monopolio del espionaje legítimo; es decir, de la inteligencia. Eso pienso yo. ¿Usted qué opina?
ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO
@ONELORTIZ
MAAZ