Con el reciente nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya son tres los relevos que el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza en dicha institución en lo que va del sexenio. El desaseo y la falta de oficio político con el que se da este nombramiento arroja varias lecturas.
La primera es que a pesar de los mensajes triunfalistas del presidente sobre las perspectivas económicas para México, al interior del Palacio Nacional saben que las cosas no marchan bien. Tácitamente lo han aceptado.
Es claro que la pandemia es un factor determinante en el tema económico y de ella el gobierno no tiene responsabilidad, pero sí lo ha tenido en la forma ideológica tan contradictoria de afrontarla. Nuestro país será uno de los que más resentirá los efectos de la crisis y le tomará más tiempo recuperarse de ella.
La deuda pública que se contrajo, la falta de apoyos económicos y la bomba de tiempo que representa Pemex, se ciernen ya como focos rojos de alerta para esta Administración. Quizás por eso el nuevo secretario llega en calidad de urgencia.
Rogelio Ramírez, quien según la propia Secretaría de Hacienda ya está desempeñando funciones a pesar de no haber sido ratificado aún por el Poder Legislativo, es Licenciado en Economía por la UNAM, además tiene un doctorado por la Universidad de Cambridge; de esas universidades que Andrés Manuel tilda de aspiracionistas, donde "se prepararon los hijos de los tecnócratas del periodo neoliberal que le hizo tanto daño a México”.
Ramírez de la O ha desempeñado su carrera profesional sobre todo en el sector privado, como asesor de empresas trasnacionales (de las que también ha renegado el presidente en incontables mañaneras).
A través de un comunicado, el nuevo secretario escribió que su estrategia se basará en un Plan Multianual con miras a 2024, pero llama la atención que algunas de sus políticas propuestas se ubican en franca oposición a las ideas que ha pregonado la 4T; en concreto, el presidente.
Bursatilizar la deuda de Pemex, potenciar la banca de desarrollo y promover proyectos de inversión pública- privada. Son medidas que en otros países se han implementado.
El problema es que Andrés Manuel todavía insiste en una soberanía trasnochada para Pemex, ha ordenado recortar a rajatabla la inversión pública para el desarrollo social, se ha limitado a sus programas electoreros dignos del siglo pasado; y encima de eso, lo único que parece entender por “inversión público-privada” es “inversión ejército-compadres”.
La pregunta no es si este nuevo secretario tiene las respuestas. La pregunta es más bien si el presidente las entenderá, las aceptará y sobre todo, si asumirá el costo político -para su ideología- que implican algunas de ellas.
No debería ser difícil asumirlo, dado que ya lo ha hecho anteriormente. Se empeñó, por ejemplo, en mantener el método centinela propuesto por Hugo López-Gatell para el control de la pandemia. También ha defendido a capa y espada a sus amigos y familiares impresentables.
El presidente no lo dice, ni lo dirá, pero está plenamente consciente de sus fracasos en materia de salud, seguridad y economía. Ya perdió a la clase media y en el congreso perdió la mayoría calificada, con ello sus ansias de modificar la constitución a placer.
Este nombramiento podría ser una reflexión. Lo sería si se tratara de alguien más y no de él. Pero todos sabemos que, en su mente, no cabe la reflexión más importante: el problema de este gobierno no son sus asesores, ni sus funcionarios. El problema es el presidente, sus ideas y su ineficiencia.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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