El gobierno federal prepara uno de los mayores golpes contra las organizaciones de la sociedad civil que no sean afines a la 4T.
Mediante una reforma, busca convertirse en una especie de Torquemada, no sólo para vigilar su operación y fiscalizar sus ingresos, sino que es persecutoria y atenta contra la libertad de asociación.
Te podría interesar
La trama de esta inquisición de la era moderna empezó la semana pasada, después de que la senadora morenista Nancy Sánchez Arredondo (suplente de la priista Vanessa Rubio) presentó una iniciativa de ley.
La legisladora apela al derecho que tiene para plantear una reforma así, pero hay elementos que hacen pensar que busca alinear a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recordemos que, de un tiempo para acá, el mandatario se queja amargamente de las organizaciones no afines a su gobierno.
Las acusa de todo, particularmente de querer desestabilizar a la 4T, auspiciadas con dinero del extranjero.
Una de las que menciona con cierta frecuencia es la de Mexicanos contra la Corrupción, que encabezó Claudio X. González.
Sin embargo, la reforma agarró parejo. Y de eso ya tomaron nota agrupaciones en pro y en contra de la 4T.
Y es que el proyecto, turnado a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado y publicada el 9 de julio en la Gaceta de la Comisión Permanente, propone modificar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En su exposición de motivos, plantea que se prohíba la utilización de recursos para acciones que impliquen injerencia en asuntos competentes al Estado.
Advierte sobre el riesgo de que organizaciones de sociedad civil (OSC) impulsen a grupos políticos de oposición e incidan en la opinión pública y contra la libertad democrática.
Agrega que las OSC, a través de estudios “simulados o maquillados”, publicaciones o acciones, atentan contra la soberanía, por lo que debe regularse el financiamiento extranjero, ya que muchos han tenido por destino afectar la imagen y la credibilidad de las instituciones.
Refiere que dañan en dos vías. Una, desde acciones contra el Estado y, la otra, desde los beneficios fiscales que se otorgan a los donantes.
Por esas razones, pide un mayor control y fiscalización a sus actividades.
Ante ello, la iniciativa establece que las OSC no podrán ser donatarias autorizadas o recibir incentivos fiscales, cuando reciban recursos de terceros o del extranjero para fines políticos.
Además, contempla una nueva causal de revocación, por lo que tendrán que notificar a la UIF sobre recursos obtenidos del extranjero para seguimiento y evaluación y, si no lo hacen y se advierte que el destino de los recursos para uso político, el SAT procederá a revocar el permiso de donataria autorizada.
Siendo así, no cabe la menor duda de que el proyecto de la senadora Nancy Sánchez esconde propósitos político-electorales que afectarán a la mayoría de las organizaciones al pretender aplicar, de manera ilegal y discrecional, etiquetas que amenazan su existencia.
El primer paso para consumar el golpe ya se dio en la Cámara alta. Falta ver cómo lo procesan los grupos parlamentarios y qué tanto avanzan los reclamos que ya preparan desde varias trincheras organizaciones que, en su origen son antagónicas, pero que están dispuestas a unirse para frenar la embestida de Palacio Nacional.
***
Cada vez son más los rumores de que continuarán los cambios en el gabinete presidencial y muchos voltean a la Secretaría del Trabajo, en donde ven inminente la salida de Luisa María Alcalde y la llegada de Soledad Aragón Martínez, actual secretaria del Trabajo en la CDMX.
***
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Todo aquel que aspira a avasallar a sus semejantes se ve obligado a ser impostor o sanguinario”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
DZA