Fortalecer a la clase media y a los segmentos más populares requiere la profundización de las posibilidades legales, institucionales, comunitarias e individuales de participación ciudadana y, por supuesto, la reconstitución del tejido productivo.
Quienes se autodescartan públicamente para participar en la Consulta del 1 de agosto desacreditan el argumento que dicen defender: si de lo que se trata, como lo afirman, es dar más poder al ciudadano frente a la real o supuesta impunidad del poder político —ante la ausencia previa o actual de desarrollo democrático—, la opción es respaldarla con nuestra decisión, positiva o negativa, frente a la pregunta que se hace.
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¿Es “más clasemediero” promover la participación o boicotearla? Si la clase media tiene determinación por el progreso y defiende su intervención para lograrlo, en lo político y en lo económico, entonces puede participar.
La Consulta es históricamente una novedad. Tiene potencial actual y futuro para incrementar el poder de la ciudadanía respecto de quienes obtienen el mando mediante elecciones y pertenecen a partidos políticos, frecuentemente inclinados a la defensa de intereses de grupos particulares.
Pertenecer a la clase media — de la cual formamos parte objetivamente 4 de cada 10 y subjetivamente quizá 7 de cada 10 en la CDMX, por ejemplo-— implica promoción de los derechos ciudadanos, con independencia de la distancia que desearían algunos promover respecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La intervención en la Consulta, por tanto, es una oportunidad de poder.
Sugerir el abstencionismo o el boicoteo, si se permite un cliché, es anticlasemediero. Si la clase media, como ocurre, tiene educación, valores de construcción cívica por encima de los partidos, avance de empoderamiento ante actores políticos y poderes económicos y apuesta por la transparencia, entonces puede aprovechar la Consulta para proyectarla a horizontes que impliquen la apropiación ciudadana de un instrumento de contrapeso o respaldo de propuestas de interés público.
El despropósito es ignorar esa probabilidad de empoderamiento o pretender que la probable ausencia de sanciones penales a los políticos del pasado o del presente es el argumento central en la coyuntura.
Parece absurdo, también, considerar obsoletos los mecanismos de representación popular, a partir de cuyos resultados el 6 de junio estamos replanteándonos la importancia y el peso real de sectores populares y medios en la definición de la historia de nuestras ciudades.
Este 1 de agosto no se trata únicamente de manifestarse sobre el posible enjuiciamiento a ex presidentes o políticos del pasado; en el fondo, el tema es la validación de un ejercicio democrático inédito, que legitima a la ciudadanía en la toma de resoluciones.
Descalificar la Consulta por el origen de su promoción es un síntoma de animadversión ideológica que afecta y limita la democracia y lastima o intenta acotar la inteligencia crítica de quien busca ampliar el poder ciudadano.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUERREROCHIPRES
MAAZ