¿De qué sirve que todos quienes pronostican el PIB de México estén considerando elevar sus estimaciones de crecimiento para este año a seis o hasta siete por ciento, si en un proceso electoral como el del 6 de junio llevamos acumulados 88 candidatos, precandidatos y políticos asesinados? Esos homicidios exhiben la magnitud de la incapacidad perenne del Estado mexicano para garantizar el bien más preciado: la vida, a través de la seguridad pública.
México está consiguiendo lo imposible: rebotar económicamente para devolver posibilidades económicas a una población muy dañada por la pandemia de COVID-19, pero al mismo tiempo cegar a esa misma población su legítima aspiración de contar con una civilidad democrática regular y permanente.
En pocas palabras: nos estamos convirtiendo en una economía de sangre; en una que atrae Inversión Extranjera Directa, sí, pero que debe venir acompañada de numerosos guardias de seguridad para los ejecutivos que la ejecutan.
Es triste, pero es real. El país parece estar tomado por las mafias. La administración actual no ha logrado establecer un estándar de seguridad colectivo en el que todos nos sintamos seguros.
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Es simple: el ejercicio de participación ciudadana más llano y sencillo, las elecciones, que debería convocarnos a una fiesta cívica para elegir a nuestros representantes, está tan manchado de sangre que cualquiera pensaría que estamos en un sitio donde impera la ley de la selva. Está percepción empeora porque no existen investigaciones concluyentes y veloces que reivindiquen a la nueva Fiscalía General de la República.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que el Poder Judicial debe reformarse profundamente, y tiene razón. Pero, también es un hecho que los avances en materia de procuración de justicia son ínfimos. Y en un país con tanta inseguridad, el hecho de que la economía crezca más bien pareciera una calamidad colectiva: todo mundo se disputa pedazos de dinero; los botines por sectores son repartidos entre las cabezas de la mafia, y nadie es capaz de poner control.
El PIB crecerá seis o siete por ciento, sí, pero los asesinatos están a la orden del día por una posición en el cabildo, por una diputación local o por una presidencia municipal. Y ese es México a nueve días de sus importantes elecciones intermedias.
THE ECONOMIST
El impactante artículo de portada de The Economist no deja lugar a dudas: ya hay un daño a la democracia por parte de Andrés Manuel López Obrador. Ahora debe determinarse “su profundidad y duración”, y llama a los electores mexicanos a votar por cualquier partido de oposición que esté en posibilidad de ganar, sin importar dónde se viva. Dice: “los partidos de oposición deben trabajar unidos para contener al Presidente”.
POR CARLOS MOTA
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