El manejo irresponsable del gasto por parte del gobierno de López Obrador está generando cada día más presiones a las finanzas públicas y esto se refleja en la caza de dinero que se hace desde Palacio Nacional. El Banco de México está en la mira como posible fuente de recursos y como deseo de próxima institución subsumida a su esfera de poder.
Como cualquier proyecto populista, el gobierno encabezado por López Obrador es un alto consumidor de recursos económicos. Ha tratado de disfrazar la realidad con el discurso de austeridad, pero lo cierto es que el despilfarro lo describe mejor.
A pesar de tener los tres presupuestos más altos de la historia, lo caro de sus malas decisiones lo obligan a seguir consumiendo más recursos. Sin dejar de mencionar que solo uno de cada diez pesos lo destina a inversión y principalmente para proyectos inviables.
La demanda de recursos está dada por acciones y programas como la cancelación del aeropuerto, con un costo de hasta 300 mil millones de pesos; la construcción de la refinería, con un gasto de 45 mil millones en 2021 que pasará a 116 mil millones en 2022 y se retrasará un año en su construcción; el Tren Maya, que pasará de 36 mil millones en 2021 a 49 mil millones en 2022. A esto se suman los 21 mil millones de pesos del programa para jóvenes que no estudian y no trabajan, los 240 mil millones para el programa para pensiones de adultos mayores, los 5 mil millones del ejército electoral denominado servidores de la nación y los estadios o caprichos que decida agregar el habitante palaciego.
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El gobierno ya ha derrochado en su proyecto populista los 6 billones de pesos que ha recibido cada año en el presupuesto y, no conforme, se ha gastado los 110 mil millones que extrajo de los fideicomisos de arte, ciencia y tecnología, así como el despilfarro del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios que recibió con 280 mil millones de pesos y de los que hoy solo quedan 9 mil millones.
A este gobierno le gusta gastar y equivocarse a lo grande a costa de los bolsillos de los ciudadanos y no quiere parar ahí. En reiteradas ocasiones, miembros del grupo en el poder han enviado “globos sonda”, es decir, iniciativas legislativas señuelo para probar la tolerancia de la sociedad y los mercados a ideas tan irresponsables como la de nacionalizar las afores o utilizar las reservas internacionales para gasto de gobierno.
La última acción de palacio ha sido azuzar al Banco de México para que este le entregue remanentes de operación, a pesar de no haberse generado los suficientes para poder ser transferidos al gobierno federal conforme a la legislación vigente.
Romper la ley para beneficio de un proyecto político personal es la marca de AMLO; y acotar la autonomía del Banco de México no será un obstáculo.
El presidente ya ha nombrado a tres de los cinco miembros de la junta de gobierno del Banco y al final de año designará a su nuevo gobernador que en palabras presidenciales será alguien con “dimensión social”, es decir, un populista a su servicio.
La caza de dinero para el proyecto lopezobradorista presionará en los próximos años a la junta de gobierno por lo que es deseable, por el bien de México, que el certificado de dimensión social que le expedirá el presidente al próximo gobernador no venga acompañado de la métrica de 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad.
POR FAUSTO BARAJAS
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
@FAUSTOBARAJAS
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