Para quienes participaron en el gobierno de Jeanine Áñez, en Bolivia, la persecución de la que son objeto por el nuevo mandato de Luis Arce es una señal de vengatividad y alegan que llegan a extremos sin precedentes en la historia del país.
Es un tema harto complicado.
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La realidad es que aunque tienen un grado de razón sobre persecución política, sólo reciben un trato similar al que ofrecieron: cuando en noviembre de 2019 una sublevación creó una crisis política que impidió que el presidente Evo Morales fuera electo para un cuarto periodo presidencial, las autoridades bajo el mandato provisional Áñez persiguieron a los colaboradores de Morales.
El "sitio" alrededor de la residencia de la embajada de México, en La Paz, es un recordatorio vivido para quienes como Arce, que era el ministro de Economía, debieron refugiarse en ella.
¿Justifica eso la persecución? Depende quizá de lo que Áñez y compañía hayan hecho durante ese año de desempeño en el gobierno provisional, que mal que bien y a regañadientes, dio una salida política a la crisis con la realización de elecciones que regresó al poder al Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales.
Es probable, y correcto, que muchos en el país sientan que el enjuiciamiento de Áñez y sus colaboradores es el camino a seguir. Y ciertamente, hay posibles responsabilidades en una serie de temas, como la represión de manifestaciones y las "masacres" de Sacaba y Senkata.
Pero si los presuntos delitos no están enmarcados en el Código Penal boliviano y son de apreciación política, la persecución no hará más que exacerbar las divisiones en un país tradicionalmente dividido por geografía, problemas raciales y situación económica. Y sería una pena.
Arce tiene el apoyo de Morales, que fue un buen mandatario y aunque oficialmente fuera del poder es el líder indiscutible de grupos indígenas, campesinos y mineros.
El gobierno Morales fue el marco de una era de desarrollo económico para Bolivia, parte por una buena administración y como reflejo de los buenos precios alcanzados durante sus primeros años por las exportaciones de materias primas y gas natural. En su tercer mandato, iniciado en 2016, enfrentó la caída de precios, pero mantuvo su popularidad con base en inversiones públicas y aumento de la demanda interna.
Pero también propició la asonada en su contra, al protagonizar un golpe de mano legal y unificar a sus opositores, cuando tras proponer y obtener una ley para limitar la reelección de funcionarios demandó y logró que la Suprema Corte simpatética cediera a su demanda de presentarse para una tercera reelección porque la ley violaba sus derechos humanos.
Áñez, por su parte, enfrentó no sólo cuestionamientos sobre su legitimidad, sino también a su trabajo respecto a la pandemia de COVID-19 que afectó tanto a Bolivia como al resto de la región.
Un juicio político sería tan perjudicial para ella como para sus acusadores.
Por JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
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