COLUMNA INVITADA

Extorsión, su final se acerca

Lo que se pretende conseguir está más que claro, lo difícil será el cómo

OPINIÓN

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Facundo Rosas/ Colaborador/ Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Foto: Especial

De acuerdo con lo anunciado en Palacio Nacional el pasado 14 de marzo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el final del delito de extorsión esta cada día más cerca. Al menos es lo que se alcanza a interpretar a partir de esta primicia.

Lo que se pretende conseguir está más que claro, lo difícil será el cómo. Para empezar las autoridades no conocen la dimensión real del problema debido a que la extorsión telefónica y presencial casi no se denuncian, por lo que textualmente tendrán que empezar de cero.

Al menos así lo confirma la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública  (ENVIPE) 2020 del INEGI con datos de 2019, que indica que la cifra negra de extorsión fue de 97.1%, sin embargo, si tomamos como referencia los 4.6 millones de extorsiones estimadas y las comparamos con las 8 mil 734 Carpetas de Investigación iniciadas por este delito de acuerdo con el SNSP, en los hechos únicamente se denunció el 0.19%, por lo que la cifra negra resultante es de 99.81%. Lo peor es que de esos 4.6 millones de extorsiones el 8.6% de las víctimas manifestó haber pagado, es decir pagaron 395 mil 600 personas. 

Habrá que recordar que en materia de seguridad, lo más cercano a la realidad es la cifra negra y la percepción de inseguridad que son casi iguales, es decir que los delitos ocurren pero no se denuncian por diferentes razones entre ellas la falta de confianza en las autoridades de los tres niveles de gobierno y el alto porcentaje de casos que a pesar de ser denunciados no se resuelven, lo que comunmente conocemos como impunidad.

Al respecto, estimaciones elaboradas con base en el número de Carpetas de Investigación iniciadas y las resueltas con detenido indican que únicamente el 20% de las extorsiones se resuelven, dicho en otras palabras sólo en 1 de cada 1,000 casos se logra detener a los probables responsables, sin embargo, esto no quiere decir que todos los detenidos recibirán sentencia condenatoria por la dificultad que implica probar el delito, por lo que el nivel de impunidad es prácticamente del 100%.

Un dato adicional que debe tomarse en cuenta a la hora de elaborar el diagnóstico y plantear la estrategia es el reconocimiento tácito por parte del primer mandatario en el sentido de que durante 2020 la extorsión se incrementó 18% respecto de 2018.

Este es el diagnóstico del cual deberá partir la estrategia que la SSyPC junto con los demás integrantes del Gabinete de seguridad darán a conocer en los próximos días. Es deseable que por lo menos en su lanzamiento no se subestime el problema e incluya una serie de indicadores cuantitativos y metas para el corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo incluya a las organizaciones de la sociedad civil organizada como puente de confianza para incrementar la denuncia y abatir cifra negra.

Algo que no puede pasarse por alto es la experiencia, personal calificado y protocolos de atención con que cuentan las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) de las 32 entidades federativas, esas que se integraron en la etapa neoliberal a partir del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmados justamente en Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008 entre los tres poderes de la unión, los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil organizada, evento en el que el hoy Canciller Marcelo Ebrard firmó y salió huyendo antes de que el entonces presidente Felipe Calderón le estrechara la mano y en el que se comprometió a dar resultados ante el coloquial reclamo de Alejandro Martí de “si no pueden renuncien”.

Tan le tomó la palabra Marcelo Ebrard al empresario que a escasos días de asumir el compromiso de resolver el secuestro de su hijo, autoridades capitalinas detuvieron a Lorena González y le apodaron “La Lore” para presentarla como la mujer secuestradora que interceptó al joven Fernando Martí, sin embargo 7 años después fue absuelta de los delitos que la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX le fabricó, por lo que la actual Fiscalía General de Justicia ofreció una disculpa pública por haber sido violados sus derechos humanos, sin embargo de los responsables de esta ilegalidad nada se ha dicho y siguen en funciones como si ningún delito hubieran cometido. Ojalá que en la etapa que está por iniciar no pase lo mismo.

POR  FACUNDO ROSAS
EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL

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