Esta semana los Estados Unidos y parte del mundo se verán consumidos otra vez por lo que hizo Donald Trump.
Esta vez, sin embargo, será por el segundo juicio de impugnación constitucional del exmandatario, acusado de promover la violencia que llevó el 6 de enero pasado a que el Capitolio, el edificio del Congreso, fuera asaltado por una multitud enardecida que trataba de evitar que la legislatura certificase el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre.
El máximo castigo que el juicio de impugnación postpresidencial podría imponer sería la privación del derecho a presentarse de nuevo como candidato presidencial en 2024, un resultado que no desagradaría a muchos republicanos.
Pero en términos reales, el principal resultado del juicio será volver a exhibir a Trump y sus partidarios, su paranoia y los extremos a que están dispuestos a llegar. Pero no mucho más.
Y peor aún, quizá les ayudaría a reforzar la imagen de víctimas del sistema que el exmandatario y sus seguidores desean presentar.
La realidad es que el rejuego político es tal que difícilmente habrá el número necesario de senadores para condenarlo. Por ley, sería necesario que la condena fuera apoyada por dos terceras partes de los 100 miembros de la Cámara alta, actualmente dividida 50-50 entre demócratas y republicanos con la vicepresidenta Kamala Harris con el voto decisivo.
Pero nadie espera que 17 republicanos rompan filas para votar por un castigo a Trump, que mantiene una enorme popularidad entre la base de ese partido y le ha permitido amenazar incluso con crear una agrupación política propia.
Y eso, sin tomar en cuenta que para una buena parte de los estadounidenses suena por lo menos fuera de lugar impugnar a un Presidente que ya no lo es. De hecho, ese es uno de los argumentos que ya anunciaron los abogados de Trump.
Hay un número de republicanos, que bien podrían ser definidos como tradicionalistas, que probablemente se atrevan a votar abiertamente contra Trump como señal de la resistencia en ese partido al vuelco a la derecha "dura" que encabeza Trump. Porque el delito no registrado es la campaña de Trump por desacreditar al sistema político estadounidense, en específico por denunciar –hasta ahora sin pruebas– que las elecciones fueron viciadas.
Pero la verdad sea dicha, el verdadero público del juicio político no serán los 100 senadores encargados de definir la suerte legal del exmandatario sino los estadounidenses.
Y de acuerdo con las encuestas más recientes, 56% de los estadounidenses favorece que se castigue a Trump, pero 43% está en contra. En todo caso, Trump volverá a estar en el centro de la atención y las divisiones políticas de su país.
En cualquier otro país del mundo la prensa estadounidense hubiera señalado la campaña de Trump por invalidar la elección por cualquier medio como un intento de golpe de Estado. Y ese es un delito del que no se le acusará.
POR JOSÉ CARREÑO
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
lctl