En la experiencia democrática comparada, el flujo de recursos públicos a cualquier objetivo se encuentra sujeto a reglas de racionalidad y transparencia. Y ello incluye, qué duda cabe, el dinero de la comunidad a los medios de comunicación bajo cualquier modalidad (especialmente, pero no sólo, el relativo a la publicidad oficial) de tal suerte que se ensanche el derecho a la información y se evite, con ello, que intereses ajenos al público contribuyan a moldear los contenidos mediáticos.
Es de explorado conocimiento que el material informativo debe separarse del publicitario, especialmente si puede haber riesgo de confundir información con publicidad. Este punto de partida se aplica, en mayor o menor medida, no únicamente por enunciados genéricos en la Constitución y en la ley (en México este mandato se establece en el artículo 6º apartado B de la Constitución Federal) sino por el diseño normativo para crear las mejores condiciones para el cumplimiento de esos compartibles propósitos.
Una parte de ese engranaje reside en la ley que desarrolla en detalle cómo, qué contenidos y por qué deben ser objeto de publicidad que tenga como fuente recursos del erario. No es lo mismo que, como sucede ahora en México, la discrecionalidad rija las relaciones entre los medios y las instituciones que tengan atribuciones del manejo de recursos sociales, a que esta interacción esté puntualmente detallada en las disposiciones legales con los mayores candados posibles.
Hoy los incentivos para que la ética periodística sea una práctica recurrente, por lo menos en sus más acabados aspectos plasmados en las mejores prácticas internacionales, encuentran un dique cuando se encuentran frente al dilema de optar entre recibir recursos públicos (el Estado ha sido el principal anunciante histórico que irá cambiando, pero no de la noche a la mañana) o seguir la deontología informativa como lo marca escrupulosamente la experiencia internacional.
Los propósitos que busca la ética periodística y aquellos que tiene en mente el tomador de decisiones en materia de ejercicio de recursos públicos en medios transitan por senderos que no son siempre los mismos. Es por esta razón que es de enorme interés público que haya certeza jurídica, equidad y transparencia en las reglas de asignación publicitaria con dinero de la sociedad.
La Suprema Corte de Justicia como resultado de una iniciativa legal de la organización Artículo XIX ordenó que se legislara en esa materia. Ya venció la fecha y el Congreso de la Unión no ha hecho nada. Ni lo hará si lo puede evitar para que los gobernantes sigan decidiendo bajo sus personales convicciones cómo enfrentar esta asignatura. Sólo el acompañamiento de un mayor número de personas podrá generar la presión política para que esta practica democrática pueda tener cabida en el país.
POR ERNESTO VILLANUEVA
COLABORADOR
@EVILLANUEVAMX
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