El optimista discurso interno del gobierno mexicano presenta un divorcio con la negativa visión que se tiene en el exterior.
No sería la primera vez que lo que dice una administración para que su consumo doméstico choque con su imagen externa. Mucho se debe a las necesidades de política interna, pero con frecuencia no se miden –o importan– las reacciones de preocupación que pudiera provocar en el exterior.
Y a gustar o no, eso incluye un juicio de lo que dicen los gobernantes, especialmente cuando afecta los intereses de inversionistas o hay contradicciones entre propósitos declarados.
Es un fenómeno universal con el que tropieza la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Justa o injustamente, la imagen del gobierno mexicano es afectada por percepciones sobre política económica, certidumbre legal, seguridad y normas ambientales. En cada renglón se le encuentra, o se le quiere encontrar, en falta.
Y eso tiene un impacto. Los dueños del capital, sean individuos, empresas, fondos de pensiones o sociedades de inversión, adoran la certidumbre legal, la seguridad y las ganancias.
En ese contexto, la imagen que el gobierno de México ofrece al exterior es un panorama de problemas en la economía, reflejados en el aumento del número de personas en estado de pobreza o en la diversidad de cifras respecto a inversión exterior. Las dudas se retroalimentan con cualquier decisión de política económica que resulte relativamente controversial.
El problema, en todo caso, no es nuevo. Ha acompañado las percepciones sobre AMLO desde antes de que llegara al poder y el propio mandatario las ha reforzado con decisiones controversiales y descritas como legalmente cuestionables.
El tono inició con el gobierno de López Obrador, en 2018, con la decisión de detener y cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con respaldo de un referendo cuya realización alimentó la incertidumbre sobre la confiabilidad del Estado de Derecho en México.
Y ha seguido. El nombramiento de la "desconocida" Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, creó preocupación al igual que el decreto para declarar de Seguridad Nacional las obras impulsadas por el régimen.
En el primer caso, Rodríguez Ceja es vista como parte de los problemas de López Obrador con los organismos estatales independientes y sus supuestos intentos de controlarlos. En el segundo, que el presidente está preocupado por la marcha de sus proyectos insignia.
Pero esa percepción no ayuda a aclarar el ambiente.
De hecho, López Obrador apenas ocupaba el poder cuando ya se hablaba sobre su presunto autoritarismo y se expresaban dudas sobre las capacidades de su gobierno y algunos de sus colaboradores.
El problema es que esas dudas sigan a tres años de que asumió la Presidencia y a tres más de que entregue el poder a quien haya de sucederle.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
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