A principios de 2019 recibimos en el Congreso de la Unión la iniciativa de Reforma Laboral del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trataba de un cambio de fondo, la conformación de un nuevo modelo de impartición de justicia en el mundo del trabajo y democracia sindical. Fue sumamente esperanzador conocer dicha propuesta, pues su espíritu reivindicaba la lucha que por muchos años las y los trabajadores dimos por acabar con la simulación y los contratos de protección. A muy pocos meses de haber iniciado su administración, el Presidente cumplió uno de sus mayores compromisos con el sector obrero.
Fue un honor impulsar esta Reforma desde el inicio de su discusión, en la Cámara de origen: la de Diputados y posteriormente, cuando la aprobamos bajo gran consenso en la Cámara de Senadores. Abrimos el debate con representantes del empresariado, aquellos que con mucho esfuerzo brindan fuentes de empleo para que los trabajadores lleven el sustento a sus hogares. Coincidimos en poner punto final a la corrupción que imperaba al interior de los sindicatos, fomentar la productividad y neutralizar a aquellos pseudolíderes que -a punta de extorsiones- amagaban a la iniciativa privada y lucraban con los derechos laborales de los mexicanos.
Sabíamos de antemano que el proceso de implementación sería complejo y requeriría un gran esfuerzo tripartita. Con gran satisfacción, a dos años y medio de distancia, es posible decir que llevamos ¾ del camino. El pasado 03 de noviembre 13 entidades más se sumaron a este nuevo modelo en el que se privilegia la conciliación y el diálogo; y se reduce al mínimo los tiempos para dar solución a las diferencias naturales en la relaciones obrero-patronales; al día de hoy ya son 21 en total los estados bajo este nuevo modelo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha ofrecido cifras contundentes de los beneficios que ha traído consigo este cambio de paradigma: en donde ya se ha puesto en marcha, el 75% de los asuntos se resuelven por la vía de la conciliación, 86% de ellos en la primera audiencia, a 15 días entre la solicitud de conciliación, y en caso de ir a juicio, se dicta sentencia en un promedio de 3.5 a 4.5 meses. Aunado a ello: el 96% de los Sindicatos con registro federal adecuaron ya sus estatutos, y el 35.54% a nivel local. Asimismo, 2029 contratos colectivos han sido legitimados; además casi un millón de trabajadores han sido consultados en procesos de democracia sindical, con voto libre y secreto para elegir a sus representantes.
De nada sirve aprobar cambios en la ley si estos no se traducen en resultados tangibles y políticas públicas de vanguardia. En el caso de la transformación laboral de México, ha sido todo lo contrario; con una pandemia en contra, se han cumplido a cabalidad los compromisos que nuestro país adquirió dentro y fuera de sus fronteras. Aún falta mucho por hacer; saber que vamos por la dirección correcta motiva a no claudicar, a seguir dando voz a quienes por muchos años fueron silenciados. Desde la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) lo tenemos muy claro: construir un andamiaje que abra las puertas a la modernidad es tarea de todos, y de todas.
POR PEDRO HACES BARBA
SECRETARIO GENERAL DE LA CATEM
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