El centro del debate generado por la iniciativa presidencial, que propone un nuevo Sistema Eléctrico Nacional, gira en torno al interés público versus interés privado, cuyo objetivo es la ganancia y el lucro por encima de todo, como se aprecia a través de los distintos mecanismos que les ha permitido apropiarse de 62 por ciento del mercado nacional, marginando a la CFE que produce 38 por ciento.
El actual régimen impide la libre competencia, obligando a las 191 centrales de la CFE, de las cuales 69 son de energías limpias, que operen sólo a 55% de su capacidad; y a través del contrato legado que no toma en cuenta los costos totales de producción es relegado en el despacho, dando preferencia a las privadas a quienes a través de una oferta simulada se les paga el precio más alto.
Para la CFE, lo anterior representa una pérdida equivalente a 119 Teravatio-hora (TWh), es decir, 215.4 mil millones de pesos anuales por no generar; y en contrapartida para atender a los 46.2 millones de usuarios. En 2020 tuvo que comprar electricidad por 223 mil millones de pesos.
Mientras que los privados gozan de espléndidas canonjías, a través de las subastas de Largo Plazo de energías limpias que generan 4%, donde la CFE Suministro Básico, impedida para adquirir energía de las centrales de la propia CFE, está obligada a comprarles a precio fijo durante 20 años, para lo cual ha erogado 6 mil 159 millones de pesos; en este lapso de tiempo las privadas recuperarán 46.4% de su inversión financiada por la banca de desarrollo nacional y afores.
El segundo esquema son los Productores Independientes de Energía, con 34 centrales producen 31 por ciento; la CFE apalanca su inversión al estar obligada a comprarles energía por 25 años a un precio fijo superior al mercado y al final se convierten en propietarios; aunque no entregan 100% de su generación, la cobran integra y revenden remanentes.
El tercer modelo son las sociedades de autoabastecimiento, 239 centrales que producen 12 por ciento, simulando a 77 mil 767 grandes consumidores como socios clientes, acaparando de manera ilegal las dos terceras partes de los grandes consumidores, creando un mercado paralelo que atenta contra la libre competencia, defrauda al fisco, no pagan porteo y generan inestabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Por último, las centrales eléctricas construidas a raíz de la reforma de 2013, que generan 15 por ciento y son despachadas de manera prioritaria por ser renovables y ciclos combinados.
En el caso de Iberdrola, sus 26 plantas aprovechan estos cuatro modelos para producir 20 por ciento de energía y colocarse como grupo en la segunda posición generadora después de la CFE, quien le subsidia aproximadamente 900 millones de pesos al año por concepto de no pago de transmisión.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
@MANUEL_RDGN
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