La escena puede ofrecer paralelismos con Latinoamérica: para ciertos actores no estatales, el acceso al poder no se logra sólo con coerción, sino mediante pactos de élite y aprovechando las debilidades del sistema estatal, tanto como la infraestructura. En estos días destacaron en los titulares internacionales los enfrentamientos callejeros, en Beirut, Líbano, que dejaron al menos seis muertos y 30 heridos.
Ocurrieron en el marco de la investigación sobre la explosión del 4 de agosto de 2020 en el puerto capitalino, que dejó 214 muertos, seis mil 500 heridos y diversos barrios de la capital arrasados. Los enfrentamientos recientes opusieron a partidarios de los grupos chiíes Hezbolá-Amal a elementos armados, probablemente pertenecientes a las Fuerzas Libanesas (FL), cristianas, lideradas por Samir Geagea, exseñor de la guerra civil. El elemento clave para entender esta situación se relaciona con el lugar en el sistema político libanés.
En un intento por eludir el sistema judicial, el Hezbolá con su socio chií, Amal, recurre a toda la gama de procedimientos destinados a cuestionar la competencia del juez Tarek Bitar (encargado de inculpar a los responsables de la explosión de 2020), acusándolo de “politizar” la investigación.
Sus intentos de desacreditar al juez han sido numerosos y diversos para presionar al gobierno del primer ministro Mikati a sacar a Bitar del juego.
La Corriente Patriótica Libre (CPL), partido fundado por el presidente (cristiano) Michel Aoun, enfrenta el dilema de defender los derechos de los cristianos, cuyos barrios fueron devastados por la explosión, al tiempo que su principal aliado en las urnas desde 2006, el Hezbolá, busca a toda costa vencer al magistrado que debe favorecer la justicia. El principal rival de la CPL en el campo cristiano, las FL, pueden presentarse como los únicos defensores de la población cristiana libanesa.
Aunque desde los 1990 el Hezbolá se “libanizó” y comenzó a participar en política, tras el retiro israelí del sur de Líbano en 2000, buscó obtener poder convirtiéndose en un miembro ordinario de la élite política del país. El grupo recibe legitimidad del Estado con base en el argumento de que desempeña un papel crucial en la defensa de la seguridad nacional, principalmente frente a Israel.
Esto último es preciso, pero también es un hecho que, para sobrevivir, Hezbolá sabe que debe seguir siendo un actor externo al Estado, ya sea en competencia o en colaboración con él.
Hezbolá no es el único grupo político que obstaculiza la práctica de la ciudadanía de los libaneses ni el único que contribuye a debilitar al Estado, pero es el más influyente del país. Hezbolá es un producto de los pendientes del sistema libanés; es este sistema el que debe reformarse desde la raíz.
POR MARTA TAWIL.
INVESTIGADORA DE EL COLMEX
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