Eso fue lo que denunció el gobernador Samuel García: que existió una red de delincuencia organizada, presuntamente ligada a su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, que extorsionaba —a diestra y siniestra— a todo tipo de negocios en Nuevo León. No sólo eso, aseguró que para lavar el dinero utilizaba una red de venta de automóviles usados.
No es para nada menor lo denunciado por el gobernador García. Al contrario, es gravísimo. Sin embargo, una cosa es decirlo y otra muy distinta es probarlo. Para empezar, basa sus dichos en denuncias anónimas. No pretendo desacreditarlas, pero siempre hay que ser doblemente cuidadoso con las denuncias anónimas. Una investigación seria requiere recopilarlas, compararlas y cruzar información como un principio básico que lleve a confirmarlas.
Además, muy importante, la secrecía es indispensable para el éxito de cualquier investigación. Samuel García no solo lo hizo público con algunos detalles, sino dio los nombres de los tres supuestos principales implicados: el exgobernador, ni más ni menos, y dos personas más allegadas a su círculo familiar.
Supuestamente, a casinos los extorsionaban con dos millones de pesos mensuales; a restaurantes de alta gama entre 200 y 300 mil pesos mensuales y a fondas y negocios modestos entre 50 y 100 mil. Aparentemente se trataba de un negocio que dejaba cientos de millones de pesos mensuales.
El gobernador García informó que las extorsiones se coordinaban a través de la Oficina de Regulación, en la Secretaría de Salud. La Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León y la oficina del subcontralor y la de fiscalización están, apenas, analizando toda esa información que les llegó de forma anónima. Es decir, aún no tienen un caso sólido para presentar denuncias, pero el gobernador ya se atrevió a afirmar que red de delincuencia organizada en el gobierno de su antecesor.
No olvidemos que Samuel García asumió la gubernatura ese Nuevo León hace trece días. Es lógico que la investigación sobre las extorsiones del gobierno anterior esté en pañales, por lo que resulta muy prematuro hacerla pública. El nuevo gobernador parece ser presa de la urgencia por dar un golpe espectacular y legitimarse al inicio de su administración. Esa precipitación podría costarle caro a la larga si no logra un golpe contundente. O sea, que las extorsiones terminen; que logre demostrar que las personas señaladas realmente son culpables y logren probarlo para que sean encarcelados. Samuel García es gobernador, no fiscal y mucho menos juez. No debe olvidar la división de poderes que ordena la Constitución. Él no puede declarar culpable, ni condenar a nadie.
El exgobernador Rodríguez Calderón, su yerno y el medio hermano, los tres únicos señalados por García, ya le respondieron y negaron públicamente las acusaciones. Samuel García está obligado a demostrar sus dichos si no quiere hacer un ridículo mayúsculo.
POR ALEJANDRO CACHO
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