La reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN), busca como eje central regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en México bajo la siempre utópica bandera de “la defensa de la soberanía.”
Vale la pena analizar esta reforma desde las –por lo general– contrastantes visiones de la teoría contra la práctica.
En específico, tres puntos clave: la regulación de la actividad de agentes extranjeros bajo la aplicación de un esquema de reciprocidad (espejo), la regulación del intercambio de información y la defensa de la soberanía.
Desde el punto de vista teórico, una “Ley Espejo” es una manera para alinear las relaciones binacionales, pues lo que se le autoriza a un Estado aplica en condiciones idénticas al otro, creando igualdad de condiciones.
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Una ley espejo, por lo tanto, autorregula las acciones de un Estado dentro de otro, pues se convierte en un arma que tiene doble filo. Por ende, si una agencia de seguridad extranjera –por ejemplo, la DEA– solicita y recibe permiso para realizar acciones de recolección de información dentro de, por ejemplo, Sinaloa, Jalisco, o Chihuahua, de igual manera una agencia mexicana como la FGR, recibiría permiso para llevar a cabo operaciones similares en California, Texas, o Illinois.
Por lo tanto, para que una agencia como la DEA continúe llevando a cabo operaciones dentro de México sin que afecte a su “soberanía”, se requeriría de igualdad de condiciones para una agencia mexicana en Estados Unidos.
La idea de agentes mexicanos de la Fiscalía General de la República (FGR) llevando a cabo operaciones de “recolección de información”, es decir inteligencia, en suelo estadounidense no sería bienvenida –bueno, ni considerada– por EE. UU.
Imaginemos un grupo táctico de la FGR realizando interceptación de comunicaciones a ciudadanos estadounidenses en Chicago, desarrollando fuentes confidenciales de información en oficinas de sheriffs en Arizona, hasta implementando programas de testigos protegidos en el Valle de Texas, ofreciendo protección del gobierno mexicano a quienes delaten redes de corrupción dentro de fuerzas policiales locales.
Desde luego que no sería una consideración que el gobierno o la legislación de Estados Unidos pudiese digerir. Por lo tanto, en la práctica, será de muy poco apetito para EE. UU. para realizar operaciones bajo una ley espejo, tan sólo basta dimensionar la enorme diferencia entre los niveles de corrupción en ambos países: EE. UU. ocupa el lugar 23 de 190 en la escala de corrupción de Transparencia Internacional 2019, mientras que México ocupa el lugar 130.
La creación de un Grupo de Coordinación Operativa (GCO) me parece una idea fantástica en teoría, pues bien administrado, financiado y con el personal adecuado, podría propiciar a que se realicen acciones clave en ambos lados de la frontera.
Para hacerlo aún más eficiente, en teoría, un GCO debería de contar con autonomía operativa, pero en la práctica, el GCO como auxiliar del CSN se percibe como un órgano de contrainteligencia diseñado para monitorear, regular, e inhibir, más allá de facilitar. Espero equivocarme.
En teoría, tiene todo el sentido que las autoridades estatales y municipales que se entrevistan o colaboran con agencias extranjeras brinden un reporte de actividades a la autoridad federal.
En la práctica, tristemente es mucho más probable que estos agentes confíen más en extranjeros que en connacionales (nuevamente 23 vs 130 en la escala de corrupción).
Esto llevará al esquema histórico de “Obedézcase más no se cumpla” que existe en México desde que se llamaba la Nueva España.
Con esta reforma a la LSN, en teoría, todos los mexicanos podemos descansar tranquilos sabiendo que el Estado ha defendido “La Soberanía” a capa y espada. En la práctica, “La Soberanía” (como si fuera una carta del juego de la lotería), por si sola, es una idea abstracta, utópica, existente en el imaginario nacionalista, cuando no existen las condiciones necesarias para garantizar al pueblo seguridad y el imperio de la justicia.
POR ÍÑIGO GUEVARA MOYANO
*DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA JANE'S EN WASHINGTON, D.C.