Cuando Carlos Romero Aranda llegó a la Procuraduría Fiscal de la Federación en diciembre de 2018, no había un solo caso de grandes contribuyentes en su escritorio. Todo se arreglaba en el SAT o el gobierno pactaba con ciertos grupos económicos.
Hoy, en cambio, los empresarios comienzan a cuadrarse, nos cuenta. Pero es apenas el principio. Todavía hay abundante “tela de dónde cortar”. Tanta que el año entrante probablemente repitan una recaudación como la de ahora o quizás incluso mayor.
“Antes se reían del fisco. Ahorita lo que se está buscando es que se le vuelva a tener respeto. Esa es la diferencia…”
Desde su punto de vista, el cambio radical ocurrió cuando el Presidente les dijo: “¿Saben qué?, vamos a presentar querellas contra los grandes contribuyentes…”, y es lo que nos lleva a los acuerdos reparatorios más grandes en la historia de la Procuraduría Fiscal y de la Secretaría de Hacienda (uno, hasta por diez mil millones de pesos).
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“En mi opinión –sostiene el abogado fiscalista–, ahí es donde se muestra claramente la separación del poder económico del poder político… ¡Ese es el cambio! El cambio está en cambiar la política tributaria”. Y no, no se trata de “terrorismo fiscal”, asegura Romero: Aquí no se fabrican delitos. La instrucción del presidente López Obrador es actuar conforme a derecho.
¿Qué pasó (en sexenios anteriores)? “Las riendas del fisco se soltaron –describe-. Había un desgobierno de parte del fisco federal. Lo único que estamos haciendo es tomar las riendas de nuevo”.
Una de sus principales batallas de la Procuraduría Fiscal en estos dos años de Gobierno de AMLO ha sido contra las factureras. La defraudación fiscal volvió a ponerse como delito grave y el SAT tiene facultades más agresivas.
Todo ello, más los acuerdos reparatorios, “generó un tsunami” al punto de que dos casos bastaron para que la gente se regularizara, comenzara a pagar y se elevara la recaudación, señala este fisco al que no pocos han aprendido, efectivamente, a respetar, y hace cuentas: Si nos remontamos a 1995 con la crisis, o al 2009, la caída que tuvieron los ingresos públicos fueron de alrededor de 317 mil millones de pesos. Si ahora no hubiésemos tenido estas medidas, eso es lo que hubiéramos perdido de las arcas públicas. En cambio, al día de hoy, no sólo no se perdieron esos 317 mmdp, sino que, si haces el comparativo de 2019 y 2020, tuvimos un cobro del año pasado a éste de 220 mil millones de pesos más.
Para este tercer año de gobierno que está a punto de despegar, un nuevo campo de batalla se abre en este terreno: el combate al outsorcing, a la subcontratación. El Presidente ya envió una iniciativa a la Cámara de Diputados y en el equipo de trabajo ya llevan caminado un buen tramo. Desde el año pasado, refiere Carlos Romero, se creó un grupo interdisciplinario entre el SAT, la Procuraduría Fiscal, el IMSS y la Secretaría del Trabajo, donde empezaron a atacar estos esquemas.
“Tuvimos varios trabajos conjuntos donde el IMSS practicaba visitas a la empresa que consumía el outsorcing y con eso pudimos obtener información para saber cuál era la empresa de outsorcing que tenían contratada. Tenemos ya querellas presentadas por parte del IMSS y por parte de la Procuraduría Fiscal contra las empresas que venían el outsorcing. Y, sobre todo, y esto es lo importante, contra las cabezas de los grupos delictivos. Un trabajo quirúrgico, pero ya lo tenemos”, advirtió el procurador.
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GEMAS: Obsequio de Citlalli Hernández, secretaria general de Morena: “La militancia defendió con mucha claridad, puntualidad, con definición y congruencia, la no alianza con el PVEM (en SLP) y mucho menos de acercar personajes como (Ricardo) Gallardo”.
POR MARTHA ANAYA
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