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Huachicoleo carretero III

Con el copatrocinio de los diputados Juanita Guerra, Víctor Manuel Pérez y Carlos Elhier Cinta, se plantea la modificación del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación

OPINIÓN

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Marco Frías/ Colaborador/ Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

El huachicoleo carretero se ha convertido en uno de los temas que mayor interés ha generado en la agenda pública; razones sobran: recurrencia de tomas de caseta en donde la violencia ha escalado; aparición de nuevas agrupaciones dedicadas a cometer este ilícito; situaciones en entidades que no habían sido afectadas por este fenómeno ilegal (Tlaxcala, particularmente); prevalencia de incidentes en estados como Sinaloa; y convocatorias masivas por parte de estas agrupaciones a tomas de plazas de cobro.

Sin embargo, esta atención pública ha sido también generada por situaciones y acciones que abren posibilidades de una mejor y más eficiente atención a esta actividad delincuencial que azota a las vías de comunicación de nuestro país; tal es el caso de: posicionamientos claros y contundentes por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado a estos actos como indebidos y dirigidos a lucrar y sacar provecho en perjuicio de la hacienda pública; la instrumentación de exitosos operativos para recuperar la operación de autopistas (destacadamente Nayarit y la caseta de Tlalpan), así como la detención en flagrancia de un número importante de huachicoleros carreteros (Estado de México y caseta de Alpuyeca, entre otros); y la presentación de una iniciativa que busca reformar la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de brindar mayores recursos legales para afrontar este creciente ilegalidad.

Con el copatrocinio de los diputados Juanita Guerra (Morena), Víctor Manuel Pérez (PAN) y Carlos Elhier Cinta (PAN), se plantea la modificación del artículo 533 de la legislación citada, así como la creación de un artículo 533 bis.

Gráfico: Miguel Ulloa

Las adecuaciones sugeridas pretenden tipificar el delito de bloqueo, parcial o total, de las vías de comunicación, con la agravante para quienes impidan el cobro de peaje y lucren con esta actividad; en otras palabras, establece el huachicoleo carretero como una conducta delictiva que podría castigarse hasta con 7 años de prisión, más una multa. Esta propuesta legislativa es de la mayor relevancia para el sector de autopistas concesionadas (particularmente para los públicos como Fonadin y Capufe, quienes operan más de la mitad de la red), ya que:

1. Éste es un fenómeno relativamente nuevo. En 2017 fue posiblemente el punto de inflexión que representó una escalada de esta ilegalidad (en términos de eventos y de entidades en donde estos se presentan). 

2. Su posible aprobación dotará de un marco de acción más claro para las fuerzas del orden, quienes contarán con herramientas legales más eficaces para cumplir su labor de evitar la comisión de este delito, particularmente cuando se da en flagrancia; es importante destacar que la propuesta no criminaliza la protesta pública, por el contrario, busca eliminar conductas delictivas que muchas veces se disfrazan de falsas causas sociales para lucrar a través de la extorsión.

3. El Poder Judicial también dispondrá de un marco jurídico ad hoc para procesar denuncias y determinar penas y sanciones a las que los grupos huachicoleros se harían acreedores; éste es un punto de mayor relevancia. En los últimos dos años, los concesionarios han presentado miles de denuncias; sin embargo, sólo un porcentaje mínimo ha logrado prosperar. Son demasiados los casos que, absurdamente y sin mayor sustento, son desechados por considerarse un conflicto “entre particulares”. Estas vialidades son propiedad de la nación y la pérdida del ingreso es una afectación directa a las arcas del Estado mexicano.

4. Dos de sus promoventes presiden comisiones relevantes en la Cámara de Diputados; por un lado, Juanita Guerra encabeza la Comisión de Seguridad y, por el otro, Víctor Manuel Pérez dirige la de Comunicaciones. Desde sus visiones (por un lado, la seguridad pública como tarea fundamental e insustituible del Estado; y, por el otro, la relevancia del buen funcionamiento de las vías de comunicación en la economía) es que se construyó esta propuesta.

Esta iniciativa de ley tendrá que seguir el proceso legislativo correspondiente; sin embargo, resulta fundamental su aprobación, sí es que así lo consideran nuestros representantes populares, en el corto plazo. De lograrse, el Poder Legislativo enviará una importante señal que se alinearía al discurso y a las acciones del gobierno federal.

Desde luego hay voces que se oponen; todas ellas provenientes de grupos huachicoleros que verían afectados sus ingresos ilegales, y quienes buscan presionar, a través de más tomas de caseta (el 20 de noviembre se ha convocado a llevar a cabo esta conducta delictiva en diversas entidades), a nuestros legisladores, para que desechen la iniciativa.

 

POR MARCO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL DE LA AMCIV, A.C.
@AMCIV