Para los estados y municipios, los recursos que reciben de la Federación son utilizados principalmente para infraestructura, salud, seguridad y generación de empleos.
En promedio representan 85 por ciento de sus ingresos totales, de aquí la importancia de la defensa que realiza la Alianza Federalista y la osadía de algunos gobernadores como los de Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Michoacán de lanzar una consulta popular en sus respectivos estados para saber si sus habitantes están de acuerdo o no, en permanecer en el pacto fiscal. Esto, en franca respuesta a la ocurrencia del presidente López Obrador que decidió someter a consulta la aplicación de una ley.
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Para el ejercicio fiscal 2021 se propone una disminución de 115 mil 520 mdp, no es cosa menor, hablamos de 9 por ciento menos en términos reales del gasto federalizado en relación con lo asignado en 2020. Además de desaparecer los fideicomisos, ahora pretenden recortes presupuestales y la eliminación de fondos dedicados al equipamiento, reconstrucción y planeación del desarrollo.
Con esto no sólo se golpea a los gobiernos locales, sino que muestra una terrible insensibilidad para las personas con discapacidad al incumplir con el objetivo 11 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque acabarán también con el fondo para la accesibilidad al transporte público para personas con discapacidad.
Si este grupo vulnerable no logra sensibilizarlos, podemos confirmar que nada lo hará.
El problema va mucho más allá de la determinación de salirse del pacto fiscal, porque de ninguna manera el gobierno federal quitará sus impuestos, al contrario, en la práctica sólo tratan de rascar recursos y hacerse de ingresos
por donde se pueda.
Los Estados tendrían que poner los suyos, corriendo el riesgo de cargarle la mano aún más al contribuyente.
La alianza federalista propone hacer una distribución geográfica de los recursos pendientes, la creación de un fondo para atender la emergencia sanitaria y que sean garantizados los recursos para proyectos de infraestructura que reactive la economía de los estados.
Existen soluciones antes de abandonar el pacto fiscal. Una sería modificar la fórmula o subir el porcentaje que se asigna a los estados y municipios, lo cual implicaría reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, misma que con Morena y sus aliados en la Cámara es imposible lograr.
Una posibilidad más es compensar los recursos que no estén cubiertos por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), sin embargo, éste requiere voluntad política, de la cual carecen.
Si no se modifica y se mantiene el capricho del titular del Ejecutivo, el Proyecto de Presupuesto 2021 dará un golpe final a los estados con el claro propósito de concentrar el gasto desde la Federación y así controlar el voto en 2021.
POR ISABEL MARGARITA GUERRA VILLARREAL