El 10 de abril de 1919 la traición del general Pablo González —urdida a través del coronel Jesús Guajardo— tuvo éxito, y Emiliano Zapata fue emboscado al ingresar con su escolta de 10 hombres a la hacienda de Chinameca. El legendario guerrillero fue acribillado, pero la leyenda popular afirmó —durante decenio— que él no fue el asesinado, sino un compadre de nombre Jesús Delgado con el que tenía un gran parecido.
Como quiera que haya sido, Zapata transitó de ser un héroe revolucionario, para convertirse en un símbolo universal de la lucha por la tierra y la defensa de los pueblos indígenas. Su vida aventurera y azarosa se caracterizó por su profundo amor a la tierra de Anenecuilco y a Morelos, donde entregó su vida y su sangre para construir un proyecto que en el fondo encarnaba los ideales más profundos de la Revolución Mexicana, dado su carácter campesinista y antifeudal.
Se enfrentó a todos y contra todos, a Porfirio Díaz, a Madero, a Victoriano Huerta, a Venustiano Carranza. Construyó la mitología del charro mexicano que no ambicionaba el poder, si no pretendía el profundo cambio social que plasmó en el Plan de Ayala, que fue el origen del agrarismo nacional, no obstante que la Ley del 6 de enero de 1915 de Luis Cabrera y la propia Constitución del 1917, en su artículo 27 impulsado por Pastor Rouaix, fueron obras jurídicas de la facción carrancista.
El hilo conductor de nuestra historia, atraviesa necesariamente por la lucha agraria que fue la bandera que nunca abandonó Zapata en la defensa de los Títulos Primordiales y Comunales de su pueblo. En el proceso de los gobiernos revolucionarios, esta política cobró intensidad en el gobierno de Lázaro Cárdenas, apoyado por Graciano Sánchez, líder de la CNC; años después, el presidente Luis Echeverria, con la colaboración del también líder agrario Augusto Gómez Villanueva, pretendió darle un nuevo impulso, no sólo a la repartición de la tierra, si no a la utilización de los recursos que podían generarse con el turismo, la plusvalía de los terrenos urbanos, la explotación silvícola, la pesca rivereña y la propia minería, cuyo fundamento se expresó en la promulgación –en ese entonces— de la Ley Federal de Reforma Agraria.
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El proyecto quedó trunco; sólo en forma tangencial –para combatir en neozapatismo chiapaneco— se acordaron de los indígenas y de los campesinos cuando se reformó el artículo segundo constitucional, creando una tercera generación de Derechos Sociales. Los gobiernos de Fox y Calderón nacieron de un partido que surgió en contra de la Reforma Agraria, y Peña Nieto borró del lenguaje oficial la palabra ejido y bienes comunales.
La retórica que hoy vivimos pide a la Corona Española que se disculpe por las atrocidades en La Conquista, y también mueve la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma; reclama los tesoros de las culturas indígenas en museos europeos, pero no plantea una Reforma Agraria moderna que implique productividad, desarrollo y participación de las comunidades en el gran desarrollo capitalista, que ha tenido el campo en los últimos años y del que han sido marginados los campesinos pobres —como en el tiempo de los peones acasillados—; se requieren instrumentos jurídicos que los hagan participes del desarrollo, pues el sólo reparto de la tierra y la actividad primaria es insuficiente para satisfacer las enormes necesidades de más de 20 millones de mexicanos.
El ideal de Zapata sigue sin realizarse; la desesperanza y la discriminación a las que han sido conducidas las comunidades indígenas son la vergüenza de una sociedad discriminadora, frívola y racista. ¡Zapata, vive! porque su ideal es esperanza viva de millones de mexicanos condenados al olvido.
Por Alfredo Ríos Camarena
Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM