Los fabricantes de armas saben que sus prácticas comerciales negligentes ocasionan el desvío de sus productos hacia el crimen organizado, señaló Pablo Arrocha, consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El integrante de la Cancillería mexicana dio un discurso luego de la audiencia que se realizó en la Corte Suprema de Estados Unidos relacionada con la demanda presentada por el gobierno mexicano en contra de fabricantes de armas.
Arrocha aseguró que el Gobierno de México respeta las políticas de Estados Unidos, pues esta demanda no tiene nada que ver con la segunda enmienda constitucional, ni con los derechos de los estadounidenses que son respetuosos de la ley, para adquirir y poseer armas de fuego.
“Lo que nos preocupa y nos ocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión sí es ilegal, como consecuencia de la negligencia de los fabricantes de armas, que son muy conscientes de su desvío”, indicó.
Destacó que México tiene leyes estrictas en la materia y solo hay un vendedor de armas en todo el país.
“Sin embargo, las organizaciones delictivas adquieren armamento con el que han derribado helicópteros militares mexicanos, o bien, armas semiautomáticas de gran calibre, como los AR-15, que no pueden ser adquiridos legalmente por civiles en México”, enfatizó.
El gobierno mexicano presentó, en un hecho histórico, sus argumentos ante el máximo tribunal estadounidense, para que este determine, posiblemente en junio próximo, si estas empresas demandadas tienen inmunidad a pesar de sus prácticas negligentes.
TJM
