Christian Agúndez, alcalde de Los Cabos, en Baja California Sur, defendió los aumentos y nuevos cobros aprobados por el Congreso estatal en la Ley de Hacienda Pública Municipal.
Agúndez Gómez reconoció que la calificación crediticia del municipio cayó 15 escaños y se ubicó en Triple C al inicio de su administración, por lo que el objetivo es mejorar la situación a doble B.
Entre las medidas implementadas está el incremento al tres por ciento a personas obligadas al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. El impuesto se calculará aplicando la tasa del tres por ciento al valor del inmueble, después de reducirlo en cinco veces al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), elevado al año.
Además, derecho de saneamiento ambiental, también las personas clientes de bares y restaurantes establecidos con consumo de 434.28 pesos, deberán pagar un 10 por ciento más del valor diario de la UMA.
Las personas usuarias de cuartos y/o habitaciones de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles, deberán pagar un 70 por ciento del valor diario de la UMA (antes de la reforma era el 35 por ciento). Esto se agrega a servicios de hospedaje a través de plataformas digitales, como AirBnB, y similares con un costo de dos veces el valor diario de la UMA, esto por cuarto, casa o departamento ocupados.
Por otro lado, personas que arrenden vehículos o embarcaciones marítimas, deberán pagar un 50 por ciento del valor diario de la UMA.
Según el alcalde, estas medidas permitirán que el gobierno municipal tenga recursos. “Tenemos muchos retos y estas medidas son fundamentales para empezar”, dijo.
Christian Agúndez advirtió, sin embargo, que la población deberá cumplir con estas obligaciones, pero los cambios “no serán de la noche a la mañana”. A largo plazo, apuntó, quedarán equilibradas las finanzas del municipio.
Esta determinación no fue bien recibida por la ciudadanía, que ha expresado su inconformidad a través de redes sociales. Espacios como Facebook continúan como el escenario principal en el que los sudcalifornianos desahogan el disgusto contra las acciones de gobierno, y ésta no fue la excepción.
Calificado como un “robo al pueblo”, usuarios de redes sociales manifestaron que las autoridades no pueden ni deben tener la facultad de crear o aprobar impuestos de esta naturaleza, que dejarían una mayor desventaja económica a los habitantes de Los Cabos, que ya es clasificado por agencias como uno de los más caros de todo el país.
“No es posible. ¿Cómo que el gobierno del municipio de Los Cabos quiere cobrar los derechos por comprar o rentar o beber en restaurantes en fondas, en mercados, en minisúper en donde sea?, como si fuera a ellos a quienes les compramos”, señalan ciudadanos.
“El gobierno no puede cobrarnos derechos como una contribución porque no somos sujetos obligados. Es increíble que el gobierno quiera robarnos”, se lee en redes.
“El derecho al saneamiento es una aberración que el gobierno no tiene facultad para cobrarnos a los consumidores por adquirir, consumir comida o rentar un carro”, arremeten.
En este sentido, hay una propuesta para interponer un amparo colectivo contra la reforma hacendaria.
Sigue leyendo
Cuauhtémoc Ochoa organiza foro para fortalecer finanzas de estados y municipios
Christian Agúndez promueve la desaparición de un camino costero
