Llegaron a la Cámara de Diputados, las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con lo que se busca ampliar facultades de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
En este último, la titular del Ejecutivo federal expone que para mantener y reforzar los logros obtenidos en contra de la delincuencia, se requiere el desarrollo de un Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que es de gran importancia para lograr una disminución en la incidencia de delitos, especialmente de alto impacto.
Esto se podrá lograr neutralizando a los generadores de violencia y la redes criminales, a través del desarrollo de productos de inteligencia, que serán de utilidad para integrar debidamente las carpetas de investigación, mediante la recolección de indicios y datos de prueba.
Los objetivos son interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades y municipios, así como los entes privados para fines de investigación de los delitos, con excepción de los sistema de inteligencia en materia de seguridad nacional.
Secretaría de Seguridad se coordinará con Sistema Nacional de Seguridad Pública
La propuesta señala que las acciones que se realicen en el marco de esta ley, serán planificadas, coordinadas y ejecutados para cumplir con los objetivos, generando productos para contar con información de valor que aporte pruebas en el desarrollo efectivo de las investigaciones de objetivos específicos, que de sustento al desarrollo de procesos judiciales, efectivos en el combate a delitos.
Expone que para el cumplimiento de los fines del sistema, la Secretaría de Seguridad Federal, se coordinará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.
Sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en cuanto al Sistema Nacional de Información, se obliga a todas las instituciones de seguridad pública a compartir y actualizar diariamente la información que generen en el ámbito de su competencia de manera desagregada, constante, permanente, verás y verificada.
Además, se actualiza el catálogo de registro nacionales, a la vez que se establece la posibilidad de qué se creen nuevos por decisión del Consejo Nacional, y se dispone el mecanismo para regular la metodología de su integración y alimentación, y adicionalmente, se posibilita su interconexión con el sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública.
A fin de combatir algunos de los delitos que más lastiman a la población, como el secuestro o la extorsión, se prevé la operación de un Registro Nacional de Usuario de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice, entre otros, el derecho a la privacidad.
También, por primera vez, se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas, y estarán obligados a compartir y actualizar diariamente las bases de datos de su sistema de gestión de incidentes y se estandariza a su operación mediante la creación de normas, técnicas y protocolos.
Otro punto importante es que se reconoce expresamente a la Guardia Nacional como integrante del sistema, en concordancia con el artículo 21 constitucional y se establece su participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y en los consejos locales.
Sheinbaum Pardo, propone en el documento, establecer la posibilidad de generar mecanismos de coordinación de las instancias que integran el sistema, con el poder judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas, para el intercambio de conocimientos, adopción de buenas prácticas y la unificación de criterios orientados a guiar la actividad policial y ministerial.
Prevé con ello, la creación de una política nacional en materia de acreditación y certificación para las instituciones de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno, así como la de certificación individual del personal, que no se limita a evaluaciones de control y de confianza y, en adición pretende la consolidación de las instituciones de seguridad pública y la profesionalización de sus integrantes.
Finalmente, entre otras cosas, se diseña y fortalece el esquema de profesionalización, a través del plan rector en la materia, mecanismos para su homologación y el régimen disciplinario en las instituciones de seguridad pública.
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