El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determine si debe o no reanudar sus actividades. Esto significa que el órgano no acatará, por ahora, la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de seguir con el proceso de selección de candidatos en máximo 24 horas.
La magistrada Emilia Molina de la Puente, integrante de este Comité, señaló a El Heraldo de México que se busca que el máximo tribunal defina qué autoridad es competente para ordenarles lo que es procedente. Molina de la Puente detalló que se trata de una solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del PJF anterior y que, consideran, sigue vigente por no ser un tema electoral.
Ese artículo señala que la Corte tiene la atribución de dirimir cualquier controversia que surja dentro del PJF. “Se está pidiendo a la Corte que defina la competencia, dado que existen dos resoluciones válidas de distintos tribunales con distintas competencias que son contradictorias”, explicó.
Mientras los juzgados de Michoacán y Jalisco ordenaron a los tres comités (Ejecutivo, Legislativo y del PJ) frenar el proceso de elección, el TEPJF ordenó a este último continuar la selección de candidatos.
La magistrada insistió en que el Comité no ordenó suspender el proceso, fueron los jueces de amparo y esas resoluciones no fueron impugnadas ante la autoridad electoral.
“Y dado que estamos convencidas y convencidos que lo que debe privilegiarse es el estado de derecho, pues es la vía (este recurso) prevista en la ley.
Jufed defiende a juez
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló que el juez de Michoacán que otorgó la primera suspensión que ordena a los tres comités de evaluación frenar el proceso de elección, actuó conforme a su mandato tratándose de la inconvencional reforma judicial.
“Jufed expresa su respaldo al Juez (Sergio) Santamaría Chamú ante esta resolución del Tribunal Electoral que busca intimidar a las personas juzgadoras para que no resuelvan con toda libertad, de acuerdo con el mandato de la Constitución y los Tratados Internacionales a los que estamos todos obligados”, indicó.
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