En el estado de Chihuahua se ha consolidado un paso más para los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Y es que un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación resolvió tres amparos y con ello ordenó que la Secretaría de Salud de la entidad difunda información e implemente servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación.
Lo anterior fue confirmado por una serie de colectivos como Marea Verde, Aborto Seguro, Morrax Autónomxs y Abortistas Mx, quienes además de celebrar la resolución, explicaron que esta medida deberá ser aplicada a todas las personas que así lo necesiten.
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De acuerdo con el informe que Marea Verde Chihuahua compartió en su cuenta oficial de Facebook, las sentencias del Tribunal son el resultado de la “estrategia de amparos” que distintas colectivas y organizaciones iniciaron desde el año de 2021. Pero, ¿qué significan?
Con base en la información dada a conocer por las asociaciones, lo que ocurre es que el Tribunal Colegiado ha reconocido que las autoridades de Chihuahua “están violando los derechos reproductivos de las mujeres cis, personas trans y no binaries del estado al negarse a proporcionar servicios de aborto voluntario en sus hospitales y clínicas”.
A partir de la resolución judicial, lo que ahora pasará es que la Secretaría de Salud de la entidad estará obligada a tanto difundir información como implementar servicios de aborto hasta la doceava semana de gestación para las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Chihuahua es el estado número 14 en lograr el acceso al aborto
Tras la decisión del Tribunal, las organizaciones que promovieron los amparos señalaron que este hecho es un precedente que involucra no sólo a Chihuahua, sino a gran parte del país, debido a que con ello se refuerza la obligación que tienen las instancias sanitarias.
De hecho, con esta decisión la entidad se ha convertido en la número 14 que tiene acceso al aborto por cualquier causal cuando se encuentren hasta la semana 12. No obstante, las asociaciones en favor de los derechos reproductivos aseguran que todavía falta que se termine de eliminar la interrupción del embarazo como delito.