Las autoridades de salud mexiquense admitieron que han surgido casos donde los centros de tratamiento contra las adicciones son utilizados como casas de seguridad, y que apenas 15 tienen reconocimiento por instancias federales, por lo que se cometen violaciones graves a los derechos humanos.
Fue el titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (IMSAMA), José Raúl Naveda Padilla, quien dio este escenario, al analizarse la iniciativa de ley que busca que estos espacios se verifiquen, inspeccionen y vigilen, y en su caso se clausuren.
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Ante diputados de la comisión de Salud, Asistencia y Bienestar de la 61 Legislatura Local, el funcionario informó que el último censo arroja que operan en la entidad 224 centros de este tipo, aunque desaparecen y aparecen rápidamente.
Asimismo, admitió que apenas 15 lugares cuentan con reconocimiento y aprobación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), y que para lograr esto hay retraso de hasta 18 meses.
En este contexto, Naveda Padilla admitió que los centros de tratamiento contra las adicciones ubicados en lugares apartados, han llegado a ser utilizados como casas de seguridad y cometer irregularidades.
“No dejando de destacar muchos de estos centros aparecen y desaparecen rápidamente. Tampoco quiero dejar de destacar que muchas veces sobre todo en lugares alejados estos centros han llegado a ser detectados como casas de seguridad, que utilizan los propios dueños para algunos temas ilegales", advirtió.
El servidor público admitió que en estos espacios se cometen violaciones graves a los derechos humanos, por lo que acompaña la iniciativa, sin embargo, pidió no caer en la sobrerregulación, pues si cierran, el estado no tiene capacidad para atender a los pacientes con alguna adicción.
Indicó que para cumplir con la verificación y sanción podrían apoyarse de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM) y los municipios, estos últimos que tienen atribución para cerrarlos por 90 días ante una irregularidad. Además, pidió opinión a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Pero, enfatizó, que lo que podrían hacer es incidir que cumplan con las normas y lineamientos, y en su caso sólo tiene atribución para asesorar y dar acompañamiento, y requieren más recursos para cumplir con esto.
La comisión legislativa de Salud, Asistencia y Bienestar continuará con el análisis de la iniciativa, y pedirán la participación en la iniciativa del personal de la SS y FGJEM.
