El gobierno de Oaxaca, presentó ante el Congreso Local su reforma al Poder Judicial del Estado en el cual busca transformar el Consejo de la Judicatura en un órgano de gobierno; reducir las 22 magistraturas, crear siete salas regionales y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Este último, estaría conformado por tres personas y sería el encargado de vigilar y sancionar a magistrados y jueces. Aunado a ello, se estaría conformando un órgano de administración en la que participen los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Con ello, dijo el consejero Jurídico de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero se estaría ahorrando recursos, pero además se crearía un Poder Judicial eficiente.
Propuesta para reformar al Poder Judicial
La propuesta de reforma al Poder Judicial de la entidad está homologada a la Federal y tiene por objetivo modificar su estructura orgánica, que contempla la creación de siete salas regionales mixtas con tres magistraturas; eliminar la operación de los fondos, fideicomisos y contratos análogos que no estén previstos en la ley; la elección popular de las y los jueces magistrados, dijo el funcionario.
Vásquez Sagrero, aclaró que no se trastocan los derechos laborales de los trabajadores. En el caso de las jubilaciones de las magistraturas, se propone que, quienes asuman las magistraturas durarán en el cargo siete años y tendrán derecho a la reelección en una sola ocasión.
Sin embargo, no generará derecho a jubilación y quienes actualmente están en funciones y se jubilen antes de la reforma, podrán hacerse acreedores al derecho a prestaciones.
Asimismo, engloba modificaciones al Sistema del Poder Judicial, entre éstas destaca que la remuneración de las personas servidoras públicas del referido órgano que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del Decreto, no podrán ser mayores a la establecida para el Gobernador del Estado.
En tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Benjamín Viveros Montalvo manifestó que se hará un análisis profundo y responsable de la propuesta de reforma judicial, pues como representantes populares tienen el compromiso con la sociedad de atender la demanda de justicia, actuar con transparencia y apego al interés público.
Resaltó que esta acción representa una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la aplicación efectiva del Estado de Derecho.
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