Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que un juez Federal ordenó la libertad a seis presuntos implicados en el secuestro y homicidio del hijo del poeta y activista Javier Sicilia.
En la presentación del informe “Cero Impunidad”, dijo que fue el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera Villegas.
Indicó que el 18 de agosto de este año, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social recibió la resolución del juez Tavera Villegas donde hace del conocimiento la sentencia absolutoria a favor de seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.
“El juez ordenó su inmediata libertad respecto del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro”, recalcó.
El subsecretario refirió que el 28 de marzo del 2011, cuando las víctimas, entre ellas el hijo del poeta, asistieron a un antro-bar Obsesión en Temixco, Morelos, y en ese lugar el gerente solicitó a Julio César, uno de los detenidos por el crimen, que los levantara y ejecutara cambio de 300 mil pesos.
“Las personas liberadas, trabajaban como meseros en ese en ese bar y otros seis implicados por esos hechos ya fueron sentenciados a prisión con penas que van entre 10 y 60 años”, agregó.
Exhiben a jueces que favorecen a delincuentes
En el informe “Cero Impunidad” como parte del informe quincenal de seguridad, se exhibieron casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes.
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que cinco juzgadores tienen denuncia penal y/o queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; así como ocho casos de jueces cuyas resoluciones fueron impugnadas por el ministerio público y algunas resueltas favorablemente por el tribunal de alzada.
Así como ocho casos de magistrados y jueces que ante la Comisión de delitos graves se oponen a la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, además del caso de tortura y asesinato del hijo del poeta y activista social Javier Sicilia.
Expuso el caso de Eduardo Alberto Osorio Rosado, juez de control en Querétaro, ya que su actuación ha motivado la presentación de una denuncia penal en su contra por el delito contra la administración de la justicia y dos quejas ante el Consejo de la judicatura Federal; 52 de sus resoluciones han sido contrarias al ministerio público y en nueve determinó no vincular a proceso penal. No se ordenó cambio de la medida cautelar para sustituir la prisión preventiva oficiosa, seis calificó de Ilegal la detención, en cuatro declaró sentencia absolutoria y en dos ordenó la reclasificación del delito.
También dio a conocer el caso de José Luis Hernández Hernández, juez fe control en Coahuila; José de Jesús Rodríguez Hernández, juez de control de Guanajuato; Daniel Ramírez peña, juez de control en el Estado de México; Óscar Antonio Madero González, juez de control en Michoacán.
El subsecretario detalló ocho casos en donde las resoluciones de jueces fueron impugnadas por el ministerio público y algunas fueron resueltas por el tribunal de alzada.
Es el caso del juez de control en Chihuahua, José Avelino Orozco Córdoba; juez de control en Tamaulipas, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco; juez de control en Guanajuato, Jesús Alejandro Jiménez Álvarez; juez de control en Michoacán, Marco Antonio Torres Reyes; juez de control en Sonora, Enrique Hernández Miranda; juez de control de Puebla, Jorge Eduardo Ramírez Téllez; juez Segundo de distrito en Sinaloa, Pedro Jara Venegas; y juez Cuarto de distrito de amparo en materia penal en Nayarit, Francisco René Ramírez Marcial.
También expuso el caso de ocho magistrados y jueces que ante la comisión de delitos graves se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.