El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que tras cuatro días de manifestaciones de ambulantes y ejidatarios en Tinum, este jueves ningún turista ingresó a la zona arqueológica de Chichén Itzá.
A pesar de los bloqueos en los accesos carreteros de las comisarías de Pisté y Xcalakoop, dicha dependencia federal dio a conocer que el sitio prehispánico continuaría abierto para brindar servicios y recibir visitantes, por lo que en los últimos tres días hubo algunas personas que decidieron acudir a pie.
Sin embargo, como las protestas se han intensificado y no se permite el paso de vehículos, a partir de este día ya no se reportó la asistencia de turistas a Chichén Itzá, por lo que prácticamente está vacío.
El INAH detalló que que los prestadores de servicios y los propios turistas decidieron ya no visitar este sitio prehispánico, por lo que se han desviado a otra zona arqueológica, Ek Balam, que se encuentra a 30 kilómetros del municipio de Valladolid, en el oriente de Yucatán.
Cabe mencionar que de acuerdo con el director de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, al día recibían entre 6 mil y 7 mil visitantes, pero debido a los bloqueos estaban reportando a menos de 100 diariamente.
En 2022 recibió 2.6 millones de visitantes
El arqueólogo señaló que tan sólo en el año 2022, dicho sitio prehispánico recibió a 2.6 millones de personas, lo que significó ingresos por 170 millones de pesos a las arcas federales. Con los bloqueos, agregó, se reportan afectaciones económicas.
Cabe recordar que vendedores, artesanos, ejidatarios y pobladores cerraron los accesos carreteros de las comunidades de Pisté y Xcalakoop en Tinum para impedir el paso de turistas a Chichén Itzá, pues exigen la renuncia del director de esa zona arqueológica, Marco Antonio Santos Ramírez.
Se quejan de que reubicó a los comerciantes sin su consentimiento previo, además de malos tratos, prepotencia y discriminación a pobladores mayas. Incluso lo acusan de vender boletos de forma irregular para ingresar al sitio.
De igual forma, ejidatarios exigen la expropiación de 700 hectáreas enclavadas en esa zona arqueológica, y también que se destine el 15 por ciento de los ingresos que capta mensualmente el INAH para sus comunidades.
Al respecto, Marco Antonio Santos ha sostenido que se tratan de calumnias en su contra y recalcó que no permitirá que un grupo reducido de personas siga lucrando con el patrimonio cultural de dicho sitio prehispánico. Recordó que el comercio ambulante está prohibido adentro, se quejó de que operan guías de turistas “patito”, y de que los ejidatarios pretenden quedarse con terrenos de la zona para abrir un estacionamiento y cobrarle a los visitantes.
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DME