Si echamos un ojo al pasado, América Latina tiene malos recuerdos del Ejército y el uso de las Fuerzas Armadas, que han abonado a la represión política y de expresión en países que urgen por un cambio de sus realidades.
Un ejemplo son las atrocidades de la dictadura militar en Argentina, el golpe de estado en Chile al gobierno de Salvador Allende o, en el caso de México, el llamado Halconazo o la matanza de Tlatelolco, ambos movimientos estudiantiles terminados por la brutalidad de la fuerza del gobierno.
Sin embargo, con el ascenso de los gobiernos de izquierda el panorama ha cambiado. Las nuevas administraciones latinoamericanas han buscado cambiar la imagen de las Fuerzas Armadas y el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la excepción.
Antes de ganar las elecciones de 2018, cuando aún era la gran figura de la oposición en México, el tabasqueños fue muy crítico de las estrategias de Felipe Calderón, panista que desató la sanguinaria “guerra contra el narcotráfico”, y la de Enrique Peña Nieto, priista marcado por el caso de los 43 estudiante desaparecidos de Ayotzinapa, presuntamente por ayuda de los militares.
Pero ahora, cuatro años después, reconoció que cambió de opinión sobre sacar al Ejército de las calles. Justificó su nueva postura porque se encontró que el país estaba en un problema mayor de inseguridad del que pensaba.
“Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron, de cómo enfrentar el problema de la inseguridad. Sí sabía yo desde el principio, y estaba convencido, que la paz es fruto de la justicia, y esa es la base de la política de seguridad”, dijo el mandatario este martes en su conferencia mañanera.
Todo esto está en el marco de dos reformas que han causado polémica, en especial por los remanentes de los abusos autoritarios de los soldados desde hace más de 40 años y una complicada situación de violencia causada por el combate al crimen organizado.
La primera de ellas viene del poder Ejecutivo, que busca que la Guardia Nacional, de mando civil por decreto constitucional, pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La segunda es curiosamente de la oposición lopezobradorista, en la que el PRI propone que el Ejército se mantenga en las calles hasta 2028 y no en 2024, como se tenía planeado en un principio.
GN a la Sedena; la voces a favor
Las opiniones han sido divididas. Por un lado, la fracción oficialista en el Congreso de la Unión y la militancia de Morena apoya fielmente a López Obrador en su iniciativa, que este jueves podría ser una realidad si el Senado consigue el consenso para aprobarla.
El jefe del Ejecutivo rechazó este martes que se militarice la Seguridad Pública. "El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implementar autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México", explicó en su exposición de motivos.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó este lunes que con estas reformas la corporación gozará de certeza administrativa al tiempo que se le cierra el paso a la corrupción gestada en el sistema policial mexicano.
A su vez, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, al participar en la reunión plenaria de Morena, indicó que se requiere fortalecer la seguridad para que disminuya el índice delictivo en el país.
“La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional permitirá que esta institución policial prevalezca como una política de Estado transexenal y se consolidará por completo el proyecto de seguridad más importante en la historia moderna de México”, acotó.
Opiniones en contra, una advertencia
Por otro lado, Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad nacional, en su columna de este lunes en El Heraldo Media Group, afirmó que la Guardia Nacional está lejos de ser la solución para los problemas de inseguridad.
“El problema de México es estructural y pasa por la construcción de su sistema federal que está en crisis. La Guardia Nacional sólo se puede alcanzar con disciplina y mando militar, pero necesitará de profesionales civiles que acepten esta disciplina”, expuso.
Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador panista, fue más duro con su crítica. En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group, indicó que la propuesta del presidente es violentar la constitución, pues deja el tema de la militarización del país en una sola persona.
El senador de Grupo Plural, Germán Martínez, también mostró su rechazo a la reforma durante la discusión de su aprobación en comisiones este miércoles. "La minuta traiciona esa memoria liberal porque pide ejercer el control operativo y administrativo del Ejército sobre la Guardia Nacional", señaló.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del CIDE, comentó que la Guardia Nacional realizaría tareas que ponen en riesgo los derechos de las personas.
Recordó que el Ejército es una institución bélica porque son soldados que están armados y están preparados para la guerra y tienen armamento para ello. Subrayó que están tratando de combatir a un enemigo y están en la calle haciendo tareas de seguridad ordinaria.
Por último, Marjorie Simón, licenciada en derecho por la Ibero, aseveró en la sección Piensa Joven de El Heraldo Media Group que la Guardia Nacional a la Sedena no es la solución para afrontar esta crisis de violencia.
“México requiere medidas más eficaces, una estrategia de seguridad interna que no esté condenada al fracaso y que realmente nos proteja a todos”, sentenció.
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