Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado aprobó el dictamen para que en Yucatán el delito de violencia familiar se persiga de oficio, es decir, que no sea necesario que la víctima acuda a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una querella ni para ratificar su denuncia.
Con esta reforma, cualquier persona que esté enterada de que se haya cometido dicho delito podrá denunciar ante las autoridades, por lo que no se requerirá la ratificación por parte de la víctima.
La promovente de la iniciativa, la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, declaró que el hecho de que las mujeres tengan que acudir al Ministerio Público a denunciar a sus agresores es un acto revictimizante, por eso es necesario romper con ese círculo de violencia que se arrastra desde hace generaciones.
Además, explicó que es sumamente complicado para las víctimas salir del entorno en donde sufren violencia, y que la situación es más compleja para las niñas, niños y adultos mayores, pues prácticamente viven con quienes los agreden.
“En Yucatán hay violencia familiar y feminicidios, por lo que falta muchísimo para buscar justicia, pero visibilizarlo nos permite tomar medidas para ir hasta el fondo y, como Poder Legislativo, hacemos nuestra parte. Hemos dado el primer paso, el más importante, ahora hay que dar seguimiento al actuar de la Fiscalía y el Poder Judicial”, declaró Vida Gómez.
Estudiantes crearon la propuesta
La diputada destacó que esta iniciativa fue impulsada por las estudiantes de Derecho, Alejandra Koyok González y Fernanda Ronzón Nabté, así como por las colectivas Frente Nacional por la Sororidad y Girl Up Resistencia Feminista, quienes trabajaron en equipo y en sororidad para lograr este cambio.
Por su parte, la panista Carmen González Martín, señaló que ahora que el delito de violencia familiar se perseguirá de oficio, se facilitará a las autoridades para intervenir ante cualquier agresión que ocurre dentro de la familia, con el objetivo de que se garantice una vida libre de violencia para las mujeres.
La legisladora agregó que el dictamen también establece que la sanción aumentará hasta una mitad cuando la víctima sea menor de 18 años, adulto mayor de 60, o presente una discapacidad física o mental.
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dhfm
