El Gobierno de México cuestionó la propuesta del ministro Luis María Aguilar para eliminar la obligatoriedad de aplicar la figura de prisión preventiva oficiosa.
La Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia señalaron en un comunicado que si se deja a los jueces la decisión de aplicar la prisión preventiva, los expone a presiones adicionales, corrupción y violencia por el tipo de delitos que implica esa figura.
La consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, manifestaron que la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos ayuda a que se investigue, sancione y no exista impunidad.
Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que eliminar la prisión preventiva oficiosa abre el espacio para la impunidad y corrupción.
El mandatario indicó que hay dos reformas que se discutirían en el máximo tribunal: “Una es eliminar delitos considerados graves, y otra, por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan”.
A López Obrador se le planteó que la mayoría de las personas privadas de su libertad no tienen sentencia por esas medidas.
Declaró que debe buscarse “un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra”.
En el mismo sentido se posicionó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien consideró que sería un grave problema la eliminación de la prisión preventiva, pues se abonaría a la impunidad en delitos de corrupción y atentaría contra la seguridad de las familias.
“No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino creo también representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad, inclusive, para la violencia feminicida”, señaló.
CAR
