Sin importar si el personal médico es del sector privado o público, éste debe ser vacunado contra el Covid-19, determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con el máximo tribunal, las autoridades encargadas de la vacunación deben aplicar la dosis a médicos del ámbito privado y público en igualdad de condiciones.
Cuando médicos del sector privado que están en la primera línea de contacto con pacientes contagiados o cirujanos que atienden cotidianamente a sus pacientes, señalan la omisión de las autoridades de vacunarlos contra el virus SARS-CoV-2, se debe conceder la suspensión del acto reclamado y aplicarles la dosis.
La Sala analizó la contradicción de criterios de dos tribunales colegiados que revisaron si la suspensión debe ser atendida de oficio o a petición de parte y si debe otorgarse cuando se indica que las autoridades han sido omisas para aplicar la dosis a médicos del sector privado.
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Los ministros indicaron que esa omisión de vacunarlos es una acto contra la dignidad humana por ser discriminatorio.
“La omisión de vacunar contra el virus SARS-CoV-2 a médicos del sector privado en las mismas condiciones y tiempos que las establecidas para sus iguales del sector público se ubica en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, porque conlleva peligro de contagio y, en consecuencia, de pérdida de la vida por la prolongada exposición directa a altas cargas virales.
“Tal situación no sólo afecta el ámbito personal de los médicos al estar conscientes de las consecuencias de no contar con dicha protección inmunológica, sino que también trasciende al interés general de la sociedad por ser indispensables para hacer frente a la pandemia y, por ende, para que el Estado esté en posibilidad de garantizar el derecho a la salud y la vida de la población", indicó el máximo tribunal.
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