El gobernador Cuitláhuac García Jiménez celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) haya logrado un avance para que el gobierno de Gran Bretaña aprobara la extradición de Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, exmandatario de Veracruz.
En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, señaló que su administración no tiene participación en la extradición; sin embargo, sí está interesado en que el caso se resuelva, pues la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz es señalada de un desfalco de miles de millones de pesos en el sexenio duartista.
Sobre el comunicado que emitió la Fiscalía General de la República durante el martes 5 de abril y la postura difundida por Duarte de Ochoa, el mandatario estatal enfatizó que los veracruzanos reclaman justicia en el caso.
“Externo mi reconocimiento a la Fiscalía General de la República porque nuevamente logra demostrar en los alegatos judiciales que reclaman la extradición de esta persona, entonces externo mi reconocimiento a la FGR. No tenemos competencia judicial en el asunto, lo llevan la FGR y la del estado, pero sí tengo el interés de que se aclare y se dé con una justicia sobre lo que sucedió”, expresó.
También recordó que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) corresponden a la deuda de miles de millones de pesos que heredaron exfuncionarios.
“No olvidemos que nos dejaron una deuda atroz y lo más recalcitrante es que no se vio en donde se dejó esa deuda, en qué se utilizaron, porque las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación indican que se fueron a la corrupción los miles y miles de millones de pesos”, añadió.
Luego de que Gran Bretaña ordenara la extradición de Karime Macías, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa publicó en redes sociales un posicionamiento al respecto y señaló que su exesposa no será extraditada, pues existe un plazo de 14 días para impugnar en apelación.
Añadió que el proceso está inconcluso y se está llevando a cabo una serie de acciones que desenmascararía conductas indebidas de las autoridades veracruzanas de procuración de justicia.
Cabe recordar que la expresidenta del DIF es acusada por la Fiscalía General del Estado (FGE) del delito de fraude por contratos con seis empresas fantasmas y un daño patrimonial que asciende a los 112 millones de pesos.
El DIF estatal adquiriría equipo médico, multivitamínicos, un sistema de captación de agua, sistema de purificación pluvial, sanitarios biodegradables, electrodomésticos y otros artículos, mismos que no fueron entregados a la población vulnerable.
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