El Presidente Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de diputados, una iniciativa en la que transfiere facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Secretaría de la Función Pública.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal buscan combatir la corrupción, reducir gastos y eficientar las labores al evitar la duplicación de funciones y tareas para consolidar la austeridad republicana.
De esta manera, la SFP concentraría, la coordinación y conducción de las Unidades de Administración y Finanzas; el rediseño del funcionamiento de los órganos de control interno, y la centralización de la política general de contrataciones públicas, con el propósito de asegurar un adecuado uso de los recursos.
Quedan exentos de las disposiciones, la SEDENA, la SEMAR y empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad
La propuesta prevé el rediseño en la organización y funcionamientos de los órganos internos para la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros y cubrir con los elementos mínimos indispensables, las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública y la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas.
El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados señala que el rediseño contribuirá a la unificación de criterios en el control interno y evaluación de la gestión pública, en la fiscalización del ejercicio del gasto público y en la prevención, detección y en su caso, sanción administrativas y actos de particulares vinculados con faltas graves.
Podrá nombrar y remover en el sector central a los titulares de la Unidades Administrativas y Finanzas, y en el sector paraestatal, proponer al órgano de gobierno de las entidades, el nombramiento y remoción de dichas personas, quienes dependerán jerárquica, estructural y presupuestalmente del ente federal.
Respecto a compras consolidadas, la iniciativa del ejecutivo federal propone que la SFP esté facultada para consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas.
El escrito afirma que dicha consolidación coadyuvará a reforzar la eficiencia en el combate a la corrupción, al poder intervenir para garantizar las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad en la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal.
Incluso se faculta a la SFP para participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector pública, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional
La iniciativa presidencial, que fue remitida a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictaminación, busca que no exista un conflicto institucional entre labores de prevención, control interno y fiscalización.
La SFP no ejercerá recursos públicos porque será la autoridad normativa.
En los artículos transitorios, se señala que los derechos laborales del personal que pasará de la Secretaría de Hacienda a la SFP, se respetarán conforme a la ley; mientras que especifica que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de decreto, continuarán con su despacho por las unidades administrativas responsables.
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