Diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado coincidieron en informar que tras la octava falla en tres meses y la número 36 desde que comenzó a operar el acueducto en 2015, han comenzado los análisis jurídicos y de costos para rescindir el contrato con la empresa Aqualia y su filial Aquos El Realito, que dota de agua a los municipios de la capital de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro.
La presidenta de la Comisión legislativa Dolores Eliza García Román arremetió contra la empresa concesionaria por la recurrentes fallas en el traslado del agua desde la presa de Guanajuato que han dejado sin el vital líquido a miles de familias potosinas, por lo que anunció que tanto la Comisión Estatal del Agua (CEA) como la Secretaría General de Gobierno del Estado analizan jurídicamente si se rescinde o no el contrato.
“Estamos en pláticas con el CEA y con el secretario general de cómo legalmente poder arreglar esta situación del Realito, no tengo fecha, es un mundo de papeles que hay que estudiar del contrato”, indicó.
La legisladora gallardista exigió que el organismo intermunicipal de agua potable Interapas tenga listo su Plan B en dado caso que se decida rescindir el contrato con la empresa que opera el acueducto desde el 2015, ya sea que reactive los pozos que fueron cancelados en su funcionamiento o bien decida hacer nuevas perforaciones para extraer agua del subsuelo.
Por separado, el secretario de la misma comisión legislativa, Alejandro Leal Tovías dijo que la han pedido al Interapas que entregue un informe sobre las recurrentes fallas en el acueducto El Realito y que proponga algún tipo de salida para una solución de fondo que sería cancelar el contrato y reactivar aguas subterráneas.
Expresó que cancelar o no el contrato con Aquos El Realito y con Aquos es un asunto que le compete a la CEA, instancia quien debe proponer cuál es el costo y si se puede o no de acuerdo a las causales, “habría que revisar en qué términos se puede cancelar, no es un tema fácil, habría que ver quién es el responsable de la cancelación”, espetó.
El exsecretario general de gobierno en la pasada administración estatal del priista Juan Manuel Carreras López añadió que en el contrato no hay una precisión del número de fallas por las que podría rescindirse el contrato, pese a que van ocho en el año y 36 desde que el sistema comenzó su operación en 2015.
SSB
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