Tras pasar el “Plan B” de la reforma electoral al Senado, la consejera electoral federal, Carla Humphrey Jordan, precisó que es un trámite legislativo no concluido, pero que se tendrá que analizar y de infringir la Constitución, se podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior lo expresó desde Toluca la integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) al participar en un Foro de violencia política en razón de género en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
En entrevista, adelantó que fuera del tema personal o político deberán analizar las implicaciones del “Plan B” de la reforma electoral, de qué problema se quiere resolver y cuáles serán sus repercusiones. En este caso, apuntó, que también los partidos políticos podrán sumar y evaluó que el Senado puede ser el lugar propicio para revisar, aunque también se podrá recurrir a la SCJN.
“No está el trámite determinado, pero pues tendremos que analizar cuáles de ellas y seguramente los partidos políticos también lo harán, cuáles de ellas (reformas) infringen la Constitución y por tanto deberán ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, declaró.
“Con esta polarización del todo o nada, hay temas importantes, relevantes, que podrían analizar, pero parece que no hay espacio para este análisis, quizá el Senado sea ese lugar propicio” sostuvo Carla Humphrey.
Humphrey Jordan manifestó la inquietud que es un tema que inciden en la realización de las elecciones del 2023-2024 al acotar tiempos de organización o en otros infringe su autonomía, pero también hay cosas positivas.
En el primer planteamiento, citó que no es la primera vez que se tenga una reforma político electoral pues la última fue en el 2017, pero todas han pasado en elecciones intermedias y no de cara a las presidenciales.
Lo anterior, advirtió, que les deja un corto tiempo de realización de los comicios al recorrerse a noviembre, y debe preocupar sobre la certeza en qué marco legislativo se hará.
“Se han hecho de cara a elecciones intermedias no de presidenciales, es un tema que como mexicanos preocupar tener certeza de cuál es el marco legislativo conforme se va operar las elecciones de cada 2023 y 2024”, mencionó.
Además, se suma al planteamiento de hace esbelta de la estructura del INE o en un rediseño, idea que se impulsa desde hace 20 años, donde se habla de fechas diferenciadas entre 2023 y 2024, así como ver el tema del personal que lleva años en el Servicio Electoral Profesional.
Acusó que intentan invadir la autonomía del INE
La consejera electoral reconoció que el tema de recorte a los salarios de los funcionarios o el tema de fideicomisos, ya se habían tocado, no así el remover al titular de la Secretaría Ejecutiva del INE y que en este caso sí invade su esfera de autonomía.
“Creo que invade claramente la autonomía del Instituto Nacional Electoral porque eso viene en la Constitución y señala que nosotros, las y los consejeros, quienes nombramos a la persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva”, declaró.
Además, cuestionó el tema de disminuir las sanciones que, indicó, sólo beneficiará a los partidos, como en el tema de fiscalización. Pero aclaró que son consejeros electorales no legisladores, y solo aplican la ley.
Lamentó que en las reformas presentadas no se habló del dinero del crimen organizado, de ilícito, el flujo de recursos en efectivo, ciber monedas, el lavado en campañas o la triangulación de recursos.
“Creo que hablar de disminuir sanciones, bueno es un tema que beneficia a los partidos políticos, evidentemente, pero es un tema que la imposición de sanciones es algo que tiene el Instituto Nacional Electoral llevar a cabo cuando detecta infracciones claras”, aclaró.
Finalmente, vio como positivo la eliminación del voto postal que es más caro del electrónico, pero alertó que se retrocederá cinco años ante el planteamiento de colaboración entre INE y CONACYT.
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