Don José es un reconocido médico tradicional indígena de origen peruano, perteneciente a la comunidad nativa de San Francisco de Yarinacocha, y que fue detenido el mes de marzo de 2022 por las autoridades mexicanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por viajar con su medicina ancestral a nuestro país. Hasta este momento, permanece en prisión preventiva oficiosa junto a otras tres personas indígenas acusadas por “introducción de estupefacientes”, violando así, los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas.
La situación resulta lamentable, pues Don José se encuentra desde entonces, en el interior del Reclusorio Norte por viajar con ayahuasca a México. La ayahuasca es un componente fundamental para las cosmovisiones amazónicas y hace parte de los sistemas autóctonos de salud, como lo es, para los miembros del pueblo shipibo-konibo. Dicha medicina, es utilizada como parte crucial de los conocimientos ancestrales y se encuentra reconocida y protegida como patrimonio cultural de la Nación en Perú, así como la cosmovisión que la rodea.
Al viajar a México para un encuentro intercultural en Yucatán, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina, quienes lo arrestaron por presuntos “delitos en contra de la salud”, por introducir lo que arbitrariamente e ilegalmente- y sin conocimiento alguno de la legislación en materia de drogas- catalogaron como estupefaciente. Una vez trasladado y presentado ante el Ministerio Público, se ignoró por completo, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desconociendo las tradiciones, usos y costumbres de dicha comunidad indígena.
En dicha carpeta de investigación, las autoridades mexicanas han tratado a Don José, como un delicuente especialista en el tráfico de estupefacientes, llevándolo detenido ante un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio. La aplicación del Protocolo en mención, es una obligación constitucional que tienen las personas juzgadoras y que necesariamente han de tomar en consideración las normas de derechos humanos reconocidas a nivel constitucional, como las obligaciones que se desprenden de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Además, no se ha tomado en consideración los el derechos que tienen los pueblos indígenas a viajar con sus medicinas ancestrales bajo el Convenio 169 de la OIT. Dichas autoridades, tampoco han considerado que la ayahuasca, no se encuentra fiscalizada ni en la Ley General de Salud, ni en los tratados internacionales de las Naciones Unidas sobre Control de Drogas- tal y como los propios organismos de las ONU han reconocido explícitamente-, lo cual constituye otra violación grave, entre muchas otras, al debido proceso y principio de legalidad.
Lo anterior, es a todas luces una tragedia generada y perpetuada por las autoridades mexicanas, quienes han ignorado el respeto de los pueblos y comunidades indígenas y violando, en múltiples ocasiones, el debido proceso pues en ningún momento ha sido juzgado con la perspectiva procesal que debe regir, y cuyo juicio, ha sido aplazado en múltiples ocasiones dada la negligencia de las autoridades judiciales. Además, la “prisión preventiva oficiosa” es una figura violatoria de diveros derechos humanos y cuya aplicación se ha puesto en pugna al menos en dos ocasiones en la Suprema Corte de Justicia y que contraria, la presunción de inocencia.
¿Hasta cuándo el sistema jurídico mexicano va a dar cumplimento al artículo primero constitucional en cuanto al reconocimiento y respeto de los derechos humanos y la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional?
El artículo segundo de la Constitución mexicana reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación y autonomía, así como a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Así, lejos de revertir las históricas y sistemáticas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, el Estado
mexicano se encuentra perpetuandolas, en el marco de una fallida “guerra contra las drogas”.
Tendremos que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este asunto como el de Jacinta, Alberta y Teresa, que se enfrentaron con desigualdades de carácter estructural de discriminación. Es decir que, se encontraron con barreras desproporcionadas para ejercer sus derechos y después de cuatro años de estar privadas de su libertad, en condiciones similares a las que actualmente se encuentra Don José, - un adulto mayor de 63 años- y que probablemente después de un “disculpe usted”, se tratatara de remediar la mala actuación de los juzgadores mexicanos, motivo de vergüenza judicial.
¡Ni uno más! Exigimos estudio, análisis y respeto a los derechos humanos de este hombre extranjero indígena y que como muchos, está siendo víctima del sistema penal mexicano.
