Por unanimidad de 485 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas con las que se obliga a las secretarías, entidades y municipios, que tengan asignados recursos para atender la declaratoria de violencia de género deberán cumplir con su entrega inmediata de estos y con los lineamientos y, en su caso, firmar los convenios de coordinación de recursos que correspondan, previo el cumplimiento de los requisitos en los lineamientos.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada de Morena Julieta Vences, explicó que el objetivo las reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es establecer que las dependencias que tengan presupuesto para hacer frente a la declaratoria de violencia de género cumplan íntegramente con los lineamientos de operación y la entrega inmediata de todos los recursos.
Señaló que en hoy en México hay 36 solicitudes de alerta de violencia de género, de las cuales solamente 25 se convierten en declaratoria en diversas entidades federativas de la República.
“Con las reformas se dejará constancia en la ley que las alertas de género no pueden ser una política pública de papel o de escritorio; necesitamos que realmente sus acciones se vean materializadas y pongan un alto a la violencia feminicida”, señaló la morenista.
Más recursos para protección de la mujer
Con estas reformas se busca cumplir con los objetivos de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, por ello se establece que aunado a los recursos que se otorguen por parte de la Federación, las entidades federativas y los municipios que cuenten con Alerta de Violencia de Género asignarán recursos para la atención de las medidas señaladas dentro de ésta.
Señala que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, incluirá el plazo que tiene la autoridad responsable para observar y dar cumplimiento a las acciones y medidas que se establezcan en la declaración.
Asimismo, se establece que las y los servidores públicos son responsables del cumplimiento de esta Ley, y su inobservancia e incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa que se sancionará conforme a las leyes en la materia. Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al respecto, la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera, también promoverte de las reformas, detalló que existe 25 declaratorias emitidas de 2015 a 2022, que corresponden a 22 entidades federativas y a 643 municipios; de éstas, 552 recomendaciones se derivan de las alertas de violencia en estos territorios.
En este contexto, sólo el 9 por ciento de las medidas recomendadas han sido cumplidas a cabalidad, 5 por ciento no se han cumplido y el 86 por ciento están en el limbo, en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas.
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