El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, criticó la postura del Gobierno federal y los ataques del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López en contra de los gobernadores de oposición por la petición de las fuerzas armadas en labores de seguridad. En su calidad de diputado federal del PAN, dijo que, si se requiere del Ejército, Marina, y la Guardia Nacional es porque los delitos que se cometen son del orden federal, por lo tanto, forman parte de su responsabilidad.
“Si existe una porción del territorio que esté controlado por el crimen organizado, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas; si existe un retén en alguna carretera, es responsabilidad de las fuerzas armadas; si existe un cobro de piso, es responsabilidad de las fuerzas armadas; si existe huachicol o robo de gasolina, es responsabilidad de las fuerzas armadas ¿Por qué? Porque están violentando la seguridad interior del país, eso, señor secretario de gobernación, sepa distinguir, eso no es seguridad pública”, expuso.
Indicó que la serie de mentiras y recriminaciones a los gobernadores, no son válidas, ya que, aunque estén en contra de la prórroga para que continúen las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, tienen que atender los casos de seguridad interior, y aún más, los asuntos de seguridad nacional.
“Esto es un falso debate auténticamente; ya sé que aquí se vino a decir una cosa y se fue a decir otra en el Senado de la República. Ya no digan mentiras, no engañen a la opinión pública, las fuerzas armadas deben estar desplegadas en todo el territorio de manera permanente y deben de resguardar la seguridad pública en términos de los que establece la Constitución”, dijo.
Sobre la Guardia Nacional, Creel aseguró que la reforma que se hizo para que pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, va en contra de los dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que pidió que “nadie se sorprenda cuando vengan las responsabilidades, sentencias y resoluciones por las irregularidades del orden constitucional".
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