Al menos 80 diputados de varios partidos políticos en la 65 Legislatura han enfrentado, en los últimos meses, hackeos de WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones, por lo que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la Cámara de Diputados solicitó al gabinete de seguridad del gobierno federal establecer mesas de trabajo conjuntas para “robustecer el marco jurídico” en materia de ciberseguridad en México.
Lo anterior lo reveló en entrevista con El Heraldo de México el presidente de la comisión, Javier López Casarín, quien adelantó que presentará una iniciativa para crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad; además, informó que ya reciben asesoría internacional de naciones avanzadas en el combate a la ciberdelincuencia, como Estados Unidos y Reino Unido.
“A finales del año pasado fue un constante bombardeo a los diferentes diputados y que, si lo vemos de esta manera, pues estamos viviendo un ataque a uno de los tres poderes de nuestro país, al Poder Legislativo, y que esto debe ser tomado con la seriedad que merece. Están atacando a los legisladores. ¿Quiénes? Pues es lo que se tiene que investigar”, dijo.
A través de redes sociales de los legisladores y su personal de trabajo, este diario confirmó 12 casos de diputados a quienes les han intervenido sus aplicaciones de mensajería móvil en los últimos cuatro meses para robar su información y pedir dinero a sus contactos, en su nombre. Una fuente de la bancada Morena y otra del PAN hablaron que hay más casos, pero la mayoría de legisladores han decidido no hacerlo público.
Las cibervíctimas en Morena son: Yeidckol Polevnsky, Carol Altamirano, Azael Santiago Chepi, Julieta Vences y Antonio Pérez Garibay; del PRI: Ismael Herández Deras y Sofía Carvajal; del PAN: Pedro Garza, Kathia Bolio y Gabriel Quadri; de MC: Amalia García; y del PT: Victoriano Wences Real.
-¿Los 80 hackeados se refiere a trabajadores de la Cámara o a diputados? -se le preguntó a López Casarín-.
“No, a diputados específicamente. Si además le sumas personal administrativo o personas que trabajan con los diputados en sus equipos, fueran asesores, asistentes, pues de repente te encuentras que el número es mayor. No es un tema de ocho o 10, es un tema muy delicado”, contestó.
El también legislador del Partido Verde (PVEM) compartió que a él lo han intentado intervenir ilegalmente.
“Me empezaron a llegar correos o mensajes pidiéndome dinero. Me pidieron desde 25 mil pesos hasta 60 millones, ya te imaginarás. Y cuál fue el procedimiento, pues hay que ir, levantar un acta, que es muy desgastante, pero tenemos que hacer esa parte para que las unidades de investigación puedan entender en dónde tienen que actuar”, dijo.
Lo anterior provocó que la Comisión CTI solicitara intervención al gobierno federal y que juntos instalaran mesas de trabajo permanentes para impulsar una agenda en el Congreso. Los trabajos arrancaron el 21 de enero pasado con las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, además de la Guardia Nacional.
MAAZ