El ministro Javier Laynez Potisek propuso avalar las órdenes del gobierno federal de disponer del agua de la presa La Boquilla para pagar adeudos de un tratado con Estados Unidos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este jueves la discusión de 18 controversias constitucionales que promovieron diversos municipios de Chihuahua contra las medidas del Ejecutivo federal para cumplir el tratado sobre distribución de aguas internacionales, vigente desde 1994 y que en 2020 derivó en protestas y enfrentamientos con la Guardia Nacional.
Laynez Potisek planteó en su proyecto declarar legítima la actuación de esa corporación durante el conflicto.
La primera demanda analizada es la que presentó el municipio de Cusihuiriachi en contra de la omisión de expedir la Ley General de Aguas, por parte del Congreso de la Unión; la omisión de reglamentar adecuadamente la Ley de Aguas Nacionales; la orden de disponer del agua de la presa y el uso de la Guardia Nacional para ejecutar esa orden, así como el Acuerdo de inicio de emergencia por sequía para el año 2020, atribuidos al Ejecutivo federal.
Laynez propuso que el Congreso incurrió en omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.
“El proyecto propone sobreseer respecto de la omisión del Ejecutivo Federal de reglamentar la Ley de Aguas Nacionales, particularmente lo que se refiere a los consejos de cuenca, debido a que en la impugnación no se plantean cuestiones de constitucionalidad, sino de mera legalidad, que no son atendibles —perdón— en este medio de control constitucional”, explicó Laynez.
La discusión de este tema continuará el próximo lunes.
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