Tres personas, presuntamente vinculadas con la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, fueron detenidas y se encuentran en centros penitenciarios federales.
Se trata de Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras.
La Fiscalía General de la República detalló la forma de operar de la conductora y su pareja e informó que la carpeta de investigación contra ellos y Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R”, así como siete empresas se inició en noviembre de 2019.
Estas personas físicas y morales, presuntamente simularon operaciones y dotaron de recursos a la organización criminal, bajando cargas tributarias y ocultando operaciones para evitar el rastreo del dinero.
Se celebraron convenios con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) a través de comprobantes fiscales digitales por internet, para ocultar operaciones falsas y aparentar actos de comercio y prestación de servicios que nunca se realizaron y así lavar dinero.
“La organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”, informó la FGR.
La institución explicó que el siguiente grupo, integrado por servidores públicos, facilitó ilegalmente los recursos del erario federal con contratos ilegales y en esa estructura se encontraron a Eduardo Guerrero, ex comisionado del OADPRS; Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano; Jesús Gabriel Pérez y Jorge Arnaldo Nava, ex funcionario penitenciario, así como Paulo “U”.
“Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen.
“En el caso de una de las empresa que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, dicha persona moral recibió más de 2 mil 500 millones de pesos, en la probable comisión de los delitos ya referidos”, detalló.
La FGR destacó dos contratos con los cárceles federales por un monto de 2 mil 950 millones de pesos.
Gabriel “M” fue accionista de una de las empresas investigadas.
“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos, se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes; y tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal. En los casos de quienes huyeron del país, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”, indicó la FGR.
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