La Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México propusieron establecer que solo las personas servidoras públicas, a partir, del nivel de jefatura de departamento u homólogos serán las obligadas a presentar declaraciones patrimoniales y de interés antes las autoridades correspondientes.
Con esto lo que se busca es eliminar este trámite sea eliminado para todos aquellos servidores públicos, que perciben entre 4 y 7 mil pesos mensuales, como son: personal administrativo, enlaces, operativos y de base sindicalizados y no sindicalizados.
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“No deberían estar obligados debido a los grandes problemas que representa su elaboración para estas personas. Muchos de estos desarrollan labores indispensables, como los trabajadores de limpia y transportes, la mayoría son adultos mayores con un alto índice de rezago social educativo y poco o nulo acceso a medios tecnológicos que les permitan cumplir aquella obligación y otras personas de distintas edades, pero con las mismas características”, apuntó el coordinador de esta asociación, Jesús Sesma.
Explicó que este requisito actualmente se sustenta en la existente “Ley General de Responsabilidades Administrativas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, sin embargo, estas presentan “excesos en su aplicación, pues no hay una distinción de acuerdo con el organigrama de los servidores públicos a nivel federal ni local, lo que provoca que se aplique de manera igual a todas estas persona”.
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Añadió que esto se hizo para combatir actividades ilícitas como el peculado o el enriquecimiento ilícito, por lo que pedir esto a las personas descritas “distrae recursos humanos y materiales tan importantes en épocas de austeridad como las que estamos viviendo”.
“Considera fundamental rectificar los excesos cometidos en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción a través de esta reforma de ley que se presenta a continuación, la cual implica una solución de fondo que de manera integral busca hacer más eficiente el sistema antes mencionado, permitiendo que sea progresivo y congruente con la realidad laboral, económica y social que se vive en todos los ámbitos de la Administración pública”, dijo.
Esta iniciativa busca reformar el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y fue turnada para su análisis y dictaminación a la comisión de transparencia y combate a la corrupción.