El rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez, aseveró que el ingreso de la fuerza pública de elementos de la Policía Estatal fue arbitrario porque violentaron derechos sanitarios y humanos y tomaron el control de la casa de estudios, con el uso de la fuerza y de forma violenta con armas largas, por lo que se dio la instrucción de evitar cualquier tipo de enfrentamiento.
“No es necesario si en verdad fuera legal el acto que se llevó a cabo no se necesitaría la fuerza, en un país que quiere ser democrático no debería ocurrir un hecho, si bien es cierto que hay un conflicto legal en la Fundación Mary Street Jenkins”, agregó.
Indicó que la fundación a cargo de Margarita Jenkins fue destituida de forma ilegal al existir, dijo, un amparo legal para nombrar a Horacio Magaña Martínez como nuevo presidente del patronato de una de las universidades del país.
Explicó que no existe ninguna denuncia en contra de las autoridades de la universidad, pues las investigaciones van contra la Fundación y por el manejo de recursos, emitidas por autoridades estatales donde, agregó, que hay dos suspensiones de carácter federal para estos recursos.
Comparó la situación de esta mañana con la que ocurrió en los años 1960 se realizó un ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del gobierno federal.
Expresó que además de que las instalaciones de la casa de estudios se encuentran en estos momentos bajo la custodia de la Policía Estatal, además de que sus cuentas bancarias fueron congeladas, por lo que está en riesgo el pago de todos los integrantes de la UDLAP.
Exigió que se devuelvan las instalaciones de la casa de estudios, por lo que se presentará una querella por la entrada de Seguridad Pública y por la actuación de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.
Mencionó que con fecha 4 de mayo de 2021, en un ejercicio preventivo ante posibles actos de molestia o intento de privación de bienes y derechos, la UDLAP promovió ante el Juzgado Primero de Distrito un juicio de Amparo que fue concedido (radicado con el número 613/2021) y otorga la suspensión provisional, vigente hasta el día de hoy, dando certeza a efecto que no sean removidos los patronos, asimismo para que esta no intervenga en su administración, en su contabilidad o en cualquier acto de molestia o de privación de bienes y derechos.
Expresó que la UDLAP hace un llamado a los miembros de nuestra comunidad, a la sociedad civil, los organismos académicos y estudiantiles, el sector privado, nuestros representantes en los congresos estatal y federal, así como a todos los ciudadanos, a pronunciarse en contra de este acto arbitrario que hemos sufrido por parte del Estado, cuyo único objeto ha sido imponer un acto ilegal infundado e injustificado a través del uso de fuerza pública desmedido en contra de nuestros estudiantes y empleados.
Por: Claudia Espinoza
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