Las Fiscalías Generales de Justicia de Nuevo León (FJGNL) y Tamaulipas (FGJT) informaron que ante las denuncias presentadas por la desaparición de personas en la carretera de Monterrey-Nuevo León, que comprende un trayecto de 123.1 kilómetros, iniciaron las investigaciones correspondientes.
En total, tiene registro de 65 carpetas de investigación de enero del 2020 a la fecha. De las cuales, 28 casos corresponden a la Fiscalía de Nuevo León y 37 de Nuevo León -del periodo de enero a mayo del presente año, las autoridades tenían conocimiento de 19 desapariciones en el tramo carretero, y ya indagaban 14 desapariciones-.
De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, tiene documentados 56 casos desde noviembre del 2020 a la fecha.
El mayor número de casos se han documentado del kilómetro 26 al 100 del tramo carretero.
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Leticia Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, puntualizó en entrevista con Javier Solorzano en El Heraldo Televisión que desde marzo hicieron un llamado a las autoridades sobre las desapariciones que se estaban registrando, aunque ya se conocía que en el zona asaltaban a los automovilistas.
Las autoridades de ambas entidades dieron a conocer localizaron a 34 personas. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, aclaró que de los 17 individuos que se reportó su desaparición, 16 regresaron a sus casas por su propio pie y se registró un deceso.
Otra de las acciones que se han tomado es reforzar la seguridad en la zona por parte de los gobiernos involucrados.
En un comunicado de prensa de la Fiscalía de Nuevo León y Tamaulipas, se precisa que conforme avancen las investigaciones y se pueda determinar en dónde han ocurrido los hechos y puedan acotar en “que entidad es competente en razón de territorio”.
Asimismo, se comprometieron a mantener informadas a las víctimas, trabajar conjuntamente y realizar las acciones necesarias de coordinación con todas las instancias de los tres órdenes de gobierno para dar respuesta a las víctimas y familiares.