LGBT+

Terapias de conversión a comunidad LGBT serían sancionadas en Yucatán

La iniciativa de ley prevé sancionar hasta con 3 años de cárcel a quien aplique estos "tratamientos"

NACIONAL

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MENOS ABUSOS.Esta medida servirá para evitar casos de discriminaciónCréditos: Especial

El presidente del Congreso del estado, Felipe Cervera Hernández, presentó una iniciativa de ley para sancionar las “terapias de conversión” en Yucatán, es decir, para prohibir aquellos métodos que supuestamente sirven para “corregir” la orientación sexual o identidad de género de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT+)

Su propuesta contempla modificar el Código Penal para castigar hasta con tres años de prisión o 200 días de multa a quien obligue, permita, consienta o aplique terapias, métodos, tratamientos o actos que anulen o repriman el libre desarrollo de la personalidad, la orientación e identidad sexual, expresiones o manifestaciones de género, provocando daños a la capacidad física o mental a la víctima.

Además, la sanción se duplicará cuando la madre, el padre, parientes, profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos o ministros de culto instiguen, autoricen o infrinjan estas “terapias de conversión” a menores de 18 años de edad.

El coordinador de la bancada del PRI subrayó que la propuesta busca proteger a las personas de cualquier acción que implique ejercer presión física, moral, emocional y psicológica para  suprimir  o negar su orientación sexual, por tratarse a todas luces de un hecho discriminatorio.

En la Tribuna del Congreso, Cervera lamentó que existen personas que, debido a su orientación sexual, son privadas de su libertad  o sometidas a tortura con actos “correctivos”, violentando sus derechos humanos.

También señaló que las prácticas “reparativas” que usaron los profesionales de la salud en el siglo XX y que continúan hasta hoy día, propagaron la criminalización de las personas LGBT, como si pudieran curarlas o padecieran alguna enfermedad.

“Por eso como legisladores debemos impulsar políticas públicas que inhiban estas prácticas, así como prohibir y sancionar a quienes las realicen y ofrezcan estos servicios, pero sobre todo proteger a las personas que puedan ser víctimas o bien, detectarlas para garantizarles la reparación del daño que hubieran sufrido”, indicó.

Por Herbeth Escalante

GDM