Hasta 50 años sin poder ocupar un cargo público o participar en contratos con instituciones gubernamentales, incluso pasar ese mismo tiempo en la cárcel, es la pena que se podría imponer a quienes cometan actos de corrupción en Sonora, al aprobarse la Ley de “muerte civil”.
Fue durante la sesión ordinaria de este martes del Congreso del Estado, donde se aprobó por unanimidad un dictamen que modifica el Título Séptimo del Código Penal de Sonora, donde ahora se llama “Delitos Por Hechos de Corrupción” y afecta tanto a servidores públicos como a particulares.
La propuesta fue hecha por la diputada panista, Alejandra López Noriega, quien aseguró que la muerte civil busca inhibir de manera clara y efectiva que se comentan actos de corrupción en Sonora, se garantice que quienes sean culpables no vuelvan a obtener recursos públicos y finalmente recuperar el daño patrimonial causado.
Para esto se estipula que el Juez podrá imponer un plazo de uno a 10 años de inhabilitación, cuando el monto afectado no exceda el equivalente a doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de 10 a 25 años si el daño es menor a mil UMAS, y de 25 a 50 años si es superior a este monto o si es reincidente.
La iniciativa se había presentado desde el 25 de septiembre del 2018, y este nueve de marzo fue aprobada por unanimidad, junto a otras 18 modificaciones hechas al Código Penal de Sonora.
Ahora solo falta que el dictamen se publique en el Boletín Oficial del Estado (CPE), para que sea una realidad en Sonora y se empiece a aplicar por los jueces locales.
La Diputada López Noriega aplaudió el apoyo para aprobar esta propuesta, que aseguró obedece al compromiso con los ciudadanos que exigen castigo a quien haga mal uso de los recursos públicos. Por eso, dijo, si era urgente medidas penales como es la ley de "muerte civil".
Por Gerardo Moreno Valenzuela
AV
