Alrededor de unos 200 pobladores, en su mayoría campesinos, provenientes de la comunidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, marcharon esta tarde para exigir que se detenga la tala inmoderada de árboles en el poblado vecino de Chicahuales, municipio de Heliodoro Castillo.
Desde hace varios años, aseguran, se ha realizado la tala inmoderada, dejando afectaciones severas al ambiente.
Durante la movilización, que arrancó del parque Margarita Maza de Juárez y concluyó a la sede del ejecutivo local, Marco Antonio Arcos Fuentes, comisario del poblado de Jaleaca de Catalán, explicó que la propuesta al gobierno es que indemnice con dinero a los ejidatarios de la comunidad de Chicahuales y se declare una veda en la tala de árboles.
Acusó al gobierno por no hacer nada para detener la situación y otorgar permisos para esas actividades.
Arcos Fuentes advirtió que si las autoridades no hacen nada "se corre el riesgo de que pronto se seque el Rio Papagayo, que surte de agua a comunidades de los municipios de Acapulco y Chilpancingo, entre otros".
El comisario destacó que desde hace diez años se han entregado documentos a instancias locales, estatales y federales pero ninguna ha atendido el problema.
Si bien los afectados directos son ellos, el daño podría llegar hasta los habitantes del puerto de Acapulco, aseguró, pues el área que se está talando es una zona de recarga acuífera del río Papagayo, “donde se abastece del vital líquido el puerto”.
Agregó que el daño ecológico es grave, pues son cientos de hectáreas de bosque que se han talado y por ello se requiere de una acción inmediata desde los tres órdenes de gobierno, de lo contrario en pocos años el agua del río podría disminuir su caudal o desaparecer, pues no habría vegetación que la retenga.
Arcos Fuentes detalló que como respuesta a sus exigencias, el gobierno del estado propuso realizar una mesa de trabajo y revisar la situación que prevalece en torno a este daño ecológico.
A la mesa se convocarán las representaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las correspondientes del estado.
Advirtió que de no hacer caso a sus demandas, el tema podría agravarse y las comunidades enfrentarse en la defensa de los territorios, del agua y bosque.
brc